La respuesta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento de Mariano Rajoy es suficientemente explícita en cuanto a que el Parlament de Catalunya no ha efectuado aún la Declaración Unilateral de Independencia. Sin embargo, el Gobierno español, a través de un comunicado de prensa y no mediante carta de su presidente, considera que Puigdemont no ha respondido satisfactoriamente y asegura que “continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución” y llevará a cabo mañana un Consejo de Ministros con el fin de aprobar las medidas a elevar al Senado, donde serán aprobadas por mayoría absoluta, la que ya ostenta el PP más los apoyos de PSOE y C’s. Visto así, y junto a la advertencia, también explicitada por Puigdemont en su carta, de que en ese caso se votaría en el Parlament la declaración de independencia -lo que había avalado el Consell Nacional del PdeCat un día antes-, todo parece abocar al choque de trenes, la dualidad de poderes y a un futuro próximo en el que en Catalunya se confronten una república independiente y una autonomía intervenida al menos en dos de los pilares de su arquitectura institucional: hacienda, ya controlada desde Madrid, y orden público, mediante la subordinación de los Mossos d’Esquadra al Ministerio de Interior. Sin embargo, en manos de Rajoy está articular un diálogo para el que aún hay plazo. Se prevé que la Mesa del Senado se reúna también mañana para dar trámite a las medidas propuestas por el Gobierno y dar traslado de las mismas para su análisis en comisión, instancia que todavía está por definir, bien la Comisión General de Comunidades Autónomas o bien una comisión conjunta constituida ad hoc. Y posteriormente a esa aprobación, Puigdemont dispondrá de otro plazo para presentar alegaciones, lo que el Govern podría realizar ante la propia comisión del Senado, dando respuesta así al requerimiento del Gobierno español de que el diálogo se efectúe en las Cortes. Es decir, aún hay plazo y espacio para la negociación -hasta la aprobación definitiva en Pleno, que se calcula no podrá celebrarse antes del 30-31 de octubre- y para que la única salida que unos y otros barajan, la convocatoria de elecciones, no se realice unilateralmente bien en forma de constituyentes desde el Parlament, bien impuestas por PP-PSOE-C’s a través del 155; lo que en ambos casos supondría prolongar el fracaso institucional y político y la exclusión de parte de la sociedad catalana.