Obviar la enorme incidencia ayer en toda Catalunya de la convocatoria de huelga general o “paro de país” como al parecer se pretende hacer reduciendo la jornada a los detalles o a la situación de las fuerzas policiales enviados por el Gobierno de Mariano Rajoy supone esforzarse en la ceguera que el presidente español mostró cuando el domingo por la tarde negó que en Catalunya hubiese tenido lugar un referéndum. Del mismo modo que el 1-O enseñó una realidad que Rajoy y los suyos pretenden no ver, la del conflicto político por la desafección al Estado que crece y crece en la sociedad catalana, el 3-O ha confirmado que las actuaciones irracionales y descontroladas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que históricamente en Euskadi no son precisamente desconocidas, han alimentado la indignación social que ya había prendido contra unos poderes del Estado incapaces de comprender la dimensión, fundamento y lógica de las reivindicaciones de las naciones que ese Estado apenas puede ya contener y por tanto incapaces también de formar parte de la solución del problema. La petición pública tras el referéndum del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de una mediación europea que empezara solicitando la salida de las fuerzas policiales -más de diez mil efectivos- enviadas por el Gobierno Rajoy a Catalunya supone en ese sentido un aporte de sensatez ante el riesgo, cada vez más evidente, de que el mantenimiento (forzado por Rajoy) en territorio catalán de las dotaciones enviadas para el 1-O sirva para prender -tal vez no desinteresadamente- la mecha que haga explotar la protesta pacífica convirtiéndola en enfrentamiento. Evitarlo y al mismo tiempo impulsar un camino de diálogo que finalmente permita a la sociedad catalana expresarse con todas las garantías sobre el modelo y alcance de autogobierno que desea es una responsabilidad que la Unión Europea, directa o indirectamente, podría asumir. Al menos si de verdad pretende constituirse en lugar común para las sociedades -y no exclusivamente para los estados o los gobiernos- y pueblos que la componen. No cabe duda de que la Comisión Europea que preside Jean Claude Juncker ganaría credibilidad en sus perspectivas de reforma integral de la UE si fuese capaz de tomar iniciativas concretas que contribuyeran a desbloquear la situación.
