La celebración de la Diada catalana ha sido el éxito de los partidarios del proceso independentista que cabía esperar. La asociación de la tradicional jornada de reivindicación nacional con el procés viene sostenida en los últimos años y nada hacía suponer que en esta ocasión, con más sensibilidad que nunca entre las bases impulsoras del proyecto, el éxito fuera a ser menor. Si alguien tenía la expectativa de que la estrategia de las amenazas y la coerción iban a desmovilizar al colectivo independentista, tenía perdida la perspectiva de la realidad social y política. Pero, dicho esto, de la multitudinaria movilización de ayer tampoco sale un más firme carril para el procés. El plan de desconexión sigue dotado de las mismas virtudes y padeciendo las mismas carencias que antes de la Diada. La fortaleza de la mayoría social catalana que una y otra vez se ha manifestado en favor de su derecho a decidir sigue limitada por la debilidad del procedimiento mediante el cual la reivindicación de ese ejercicio se ha visto capitalizada por la estrategia unilateral de secesión. Sigue vigente la dificultad de cohesionar a esa mayoría por la autodeterminación en torno a una mayoría por la independencia por la debilidad jurídica del proceso de desconexión, por las dudas que sigue despertando su sostenibilidad económica y por el vacío internacional al que se puede ver sometida la Catalunya del 2 de octubre. Por otra parte, la dimensión real de los deseos de independencia de la sociedad de Catalunya o de su rechazo a romper amarras sólo podrá acreditarse en un proceso refrendario con las debidas garantías jurídicas y democráticas y sin la amenaza de una intervención del Estado. El 1-O cojea en ambos aspectos. La marea humana que ayer ocupó las calles de Barcelona es representativa de sí misma y, aunque no acredita la existencia de una mayoría suficiente, es una realidad que no puede ser obviada como lo vienen haciendo los gobiernos del Estado y contestada con el desdén o la amenaza. Encarar el momento actual implica dejar esgrimir la unidad del Estado y admitir que ésta sólo es posible desde la adhesión. Y esa adhesión se obtiene permitiendo que la ciudadanía catalana se exprese, aun a costa de acreditar la desafección al proyecto de Estado. El procedimiento democrático requiere de un referendo legal y reconocido por todas las partes mediante garantías pactadas.