El inicio del nuevo curso académico en la educación vasca no universitaria -374.848 alumnos- trae consigo el mismo horizonte de conflictividad laboral y huelga en la enseñanza pública con que se cerró el anterior, y la misma necesidad de articular acuerdos entre todos los agentes educativos para afrontar los retos que tiene planteados en Euskadi y que tanto el último informe PISA como las evaluaciones diagnósticas propias de nuestro sistema habían venido apuntando. En ese sentido, el anuncio ayer por la consejera Cristina Uriarte de la convocatoria a final de mes a todos los agentes para constituir cinco ámbitos de trabajo -convivencia, lenguas, evaluación, innovación y modernización y autonomía de los centros- con el fin de lograr consensos que trasladar al Parlamento para el diseño posterior de una Ley Vasca de Educación se antoja un buen punto de partida. Desde luego, claramente proactivo frente a la convocatoria de cinco jornadas de huelga en los distintos sectores de la enseñanza en el mes de noviembre que la parte hasta ahora más crítica con la actuación del Departamento, la mayoría sindical, ha anunciado ya. Y la amplitud de la propuesta, que entronca directamente con algunas de las necesidades del sistema explicitadas por Steilas, ELA y LAB, convocantes de los paros, invita a estas centrales a acudir con espíritu constructivo a la convocatoria de Educación. No hacerlo supondría el reconocimiento implícito de que sitúan sus reivindicaciones laborales, se consideren estas razonables y razonadas o no, por delante de las necesidades del sistema educativo y, en definitiva, de aquellos a quienes este se debe: los alumnos. Sin desdeñar que el sistema presenta también carencias a subsanar en el ámbito laboral, algunas incluso relevantes para alcanzar el nivel de excelencia que se pretende, tampoco se puede obviar la comparación de esa situación, incluso con la de otros países de nuestro entorno europeo; ni el anual esfuerzo presupuestario, que este año incluye un incremento de más del 2% respecto al año anterior; o las sucesivas OPE, con 740 plazas el pasado año y otra por concretar a final de este curso. La educación de las futuras generaciones merece un esfuerzo -no solo de la administración, aunque también- de realismo que permita a medio plazo lo que de otro modo hoy se antoja inalcanzable.