Las intervenciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en la Apertura del Año Judicial, con nítidas alusiones a la situación planteada por la convocatoria de un referéndum en Catalunya para el 1 de octubre y referencias explícitas al “cumplimiento de la ley”, escenifican la absoluta carencia de separación entre los poderes públicos del Estado español, lo que dificulta una consideración real y completa de democracia. Que la Fiscalía, dependiente del Gobierno y por tanto tributaria política de este, se exprese como lo hace el Fiscal General no sería sorprendente de no ser por la vehemencia y el cariz ideológico del disparatado discurso que mezcla nada inocentemente el concepto de “Estado de Derecho” con el de “patria común e indivisible” e ignora de manera consciente que la deriva de la situación en Catalunya no es ajena a la subordinación de la Justicia a designios del Gobierno que obvian cauces de entendimiento planteados por la propia Constitución, a través de sus artículos 92.1 y 149,1.32 sobre la convocatoria de referéndums y del artículo 150.2 sobre la delegación de competencias estatales a las CCAA. Y es precisamente la negativa del Gobierno Rajoy a asumir ese cauce, no por respeto a la legalidad sino por posicionamiento político, lo que el CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes, obvian cuando aluden a la Carta Magna y a la preservación de los derechos que esta contempla, calificando a la misma como “conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento”. Así pues, esa expresión de opiniones por las más altas instancias de la administración de Justicia que explicita su alineamiento con las directrices del Gobierno de Mariano Rajoy, siendo este parte implicada en un conflicto político convertido en presunto delito a juzgar, puede considerarse uno de los motivos de la obligación de abstenerse en una causa -o en su caso de recusación- que se cita en la Ley Orgánica del Poder Judicial dirigida no solo a jueces, sino también a fiscales, letrados y funcionarios con el fin de que no puedan existir dudas acerca de la imparcialidad del órgano judicial que debe resolver sobre la misma; lo que desde el punto de vista democrático deslegitima toda acción judicial que emprendan en respuesta a las solicitudes de Rajoy y su gobierno.
