La propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de acordar la creación de una comisión parlamentaria de “diálogo, evaluación y modernización del Estado autonómico” con la pretensión de desbloquear el conflicto político que el Estado mantiene con Catalunya supone, a sólo 28 días del 1 de octubre en que se debe celebrar el referéndum cuya ley tramitará mañana el Parlament catalán, otro viaje con las alforjas vacías. De hecho, la simple posibilidad de que la creación de esa comisión pudiera posponerse más allá de esa fecha en virtud de las pretensiones de otros partidos -en concreto, el PP- ya da idea de que el planteamiento forma parte de la reiterada incapacidad socialista para presentar un diseño alternativo a la política de inacción y advertencias o amenazas, de ausencia de diálogo, que el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular vienen manteniendo durante años respecto de las reclamaciones de autogobierno de Catalunya y el mayoritario reclamo de su sociedad en favor de expresar en las urnas su posicionamiento al respecto. Si además ese planteamiento de Sánchez se acompaña de una defensa estricta de “la unidad del Estado” con aceptación de la aplicación por el Gobierno Rajoy en evitación del referéndum de la Ley de Seguridad Nacional, que ya en su momento fue recurrida ante el TC por la Generalitat al considerar que invadía competencias autonómicas y entre cuyos componentes fundamentales (art. 9) y ámbitos de interés (art. 10) no se cita ni se llega siquiera a intuir los que afectan al modelo de estructuración del Estado, difícilmente se puede contemplar la propuesta de creación de la comisión como una herramienta de solución válida al anunciado choque de trenes del 1-O entre la legitimidad democrática catalana y la lectura restrictiva de la legalidad que se realiza desde el gobierno y las instituciones del Estado. Sin embargo, que las alforjas de Sánchez lleguen vacías al primero de octubre no significa que no puedan llenarse a posteriori, toda vez que la prohibición o celebración del referéndum no supondrá el final del conflicto político, sino en todo caso la evidente constatación de su existencia y de la necesidad de articular un ámbito de diálogo que encauce la necesaria transformación del Estado con el reconocimiento de una plurinacionalidad real, muy superior en contenido a la propuesta de nación cultural que tras su último congreso han pretendido los socialistas.
