Como viene siendo tradicional, el inicio del mes de septiembre supone el arranque de un nuevo curso político tras el paréntesis -cada vez más difuminado- del verano. Un curso que se prevé apasionante y que tiene retos importantes que abordar, tanto en el Estado como en Euskadi. No cabe duda de que el referéndum sobre la independencia de Catalunya el próximo 1 de octubre, ya a menos de un mes de su celebración, va a acaparar, por su mera trascendencia, gran parte de la atención mediática y política, va a polarizar aún más las posiciones y a tensionar las relaciones entre los partidos en los próximos días, que van a ser cruciales de cara al futuro inmediato. En este sentido, pronto se irán despejando algunas de las incógnitas sobre el proceso que se llevará a cabo, con la previsible aprobación la semana que viene de la Ley de Transitoriedad Jurídica, a la espera de las decisiones que pueda tomar el Estado en su intento por abortar la consulta y, con ello, la libre decisión del pueblo catalán sobre su futuro. A la espera de estos movimientos, y su posible repercusión, Euskadi tiene también importantes retos que abordar en este nuevo curso político, concentrados en tres grandes bloques: la situación económica, la profundización del autogobierno y la paz y convivencia. Las últimas noticias sobre la grave situación de algunas empresas vascas, como es el caso de La Naval, abocada a un concurso de acreedores y cuyo futuro está en entredicho, han sido un jarro de agua fría que de alguna manera diluye la realidad que dibuja una tendencia positiva en la economía vasca. En cualquier caso, esta situación y la de otras empresas obliga a seguir trabajando en la búsqueda de soluciones eficaces para la recuperación de la industria y, con ello, del empleo. Asimismo, en los próximos días los Gobiernos vasco y español abordarán en una reunión de alto nivel la negociación de algunas transferencias pendientes, un asunto que sin duda será también fundamental en este recién estrenado curso y que deberá tener su traslación en un proceso hacia el cumplimiento íntegro de las competencias que marca el Estatuto. Respecto a la paz y convivencia, es obvio que el reto fundamental en los próximos meses deberá ser el fin definitivo de ETA seis años después del cese de su actividad armada y el cambio hacia una política penitenciaria más acorde con la realidad social y los derechos humanos.