La denuncia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de que las fuerzas de seguridad de Venezuela han realizado el arresto arbitrario de más de cinco mil personas, de las que mil siguen detenidas, que muchas de ellas han sufrido torturas durante su reclusión y que se ha utilizado la violencia de forma sistemática contra los manifestantes de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro no es sino la constatación desde el máximo organismo internacional de la dramática deriva del régimen venezolano hacia una nueva autocracia de las muchas que han jalonado la historia de Iberoamérica, da igual la ideología esgrimida y utilizada por cada una de ellas. Que la misma ONU haya contabilizado 124 muertes en las protestas y asegure que 73 al menos han sido víctimas de las fuerzas policiales o los grupos paramilitares afines a Maduro da idea de la situación que vive Venezuela, una situación que el propio Alto Comisionado define como de “ruptura del Estado de Derecho”. Y la denuncia y opinión del organismo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se debe tener tan en cuenta, también por quienes han venido defendiendo al régimen venezolano, como en otros casos, algunos cercanos, sobre los que se ha pronunciado con anterioridad. Pero constatarlo no es suficiente si Maduro y su gobierno continúan en su carrera hacia una dictadura. Sin obviar que tampoco las fuerzas opositoras son ajenas al estallido social y la confusión política y el caos económico en Venezuela, solo cabe definir como autócrata a un gobierno que mediante interpretaciones interesadas de la ley y la Constitución sustituye al Parlamento elegido por los venezolanos en las últimas elecciones con supervisión internacional (diciembre de 2015), en las que se impuso la oposición; un gobierno que ahora pretende impedir a la coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que se presente en la segunda mitad del año a las elecciones -pospuestas en su día por el propio Maduro- a gobernador y Cámaras en 7 de los 23 estados, de los que en cinco gobierna actualmente. O que utiliza al poder judicial, especialmente al Tribunal Supremo, para inhabilitar, condenar y recluir a políticos opositores con poder ejecutivo, el último el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Ramón Muchacho.