Han sido tres años largos de trabajos bajo el epígrafe frío de Comisión de Valoración del Decreto 107/2012. Detrás, latía un aspecto duro y hasta la fecha ignorado de la historia reciente de Euskadi: el del período del tardofranquismo 1960-1978 y la realidad de represión del régimen a la que, por primera vez, se pone nombres y apellidos con el objetivo del reconocimiento, la denuncia y, en la medida de lo posible, el resarcimiento por vía de indemnización. El informe sobre víctimas de la violencia policial en el período mencionado recoge 187 casos concretos sobre los que ha sido posible arrojar luz. No son todos los de aquella época. Las dificultades derivadas del tiempo transcurrido, el oscurantismo y la complicidad oficial en la época y, en ocasiones, incluso el derecho de las víctimas a pasar página por la vía del olvido en lugar de la denuncia, no han impedido sin embargo que hayan podido aflorar del silencio las verdades que retratan una época. Pero, además de la propia experiencia de memoria, imprescindible para encarar el futuro sin lastres del pasado, el trabajo de la Comisión ha acreditado que se puede -y se debe- hacer una lectura estricta y fiable de sucesos muy dolorosos sin que por ello se pierda ni la necesaria empatía con las víctimas ni el imprescindible rigor técnico a la hora de encarar procedimientos que beben del derecho. Más aún, como recordaba el propio presidente de la Comisión, de los trabajos aplicados queda un aprendizaje que debería servir para disipar actitudes obstruccionistas en relación a hechos similares acaecidos en el período inmediatamente posterior al analizado, como pretende la Ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales 1978-1990 recurrida por el Gobierno español y suspendida en varios de sus artículos por el Tribunal Constitucional. La aplicación de una Comisión de Valoración similar a la que ahora ha sido capaz de resolver los casos que, de nuevo la normativa legal del Estado, le han permitido es precisamente uno de los elementos recurridos. Un modelo de trabajo basado en el consenso que debería ser extrapolado y aplicado sin que reproches y recursos de naturaleza ideológico -tanto por la naturaleza de los actos denunciados y sus autores como por la búsqueda del monopolio del relato de la transición y la democracia españolas- le pongan freno.
