Asentado en Euskadi el escenario de ausencia de violencia con la certeza de que la normalización en la sociedad vasca es un proceso que se desarrolla en ámbitos diversos, la asunción de la responsabilidad que compete a las instituciones públicas conlleva la disposición de políticas y mecanismos facilitadores de cada uno de ellos. Que uno de esos ámbitos es la reinserción de quienes han decidido renunciar a la violencia que protagonizaron no es cuestionable en cuanto que común a todos y cada uno de los procesos similares que se han producido en el mundo y, por tanto, precisa de las herramientas que dentro de la legalidad se les pueda proporcionar. Eso supone la iniciativa del Gobierno Vasco que el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, adelantó ayer: la oferta del conocimiento sobre los procesos administrativos que llevan a un juez a determinar sobre el cambio de situación de un preso que, en todo caso, muestra un compromiso claro por la paz y los derechos humanos y realiza un análisis crítico de su pasada actividad violenta. No hacerlo, no colaborar en el fin último de la aplicación del derecho penal, que es la reinserción social de quien haya cometido un delito, sería hacer dejación de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo vasco, como institución pública. Ahora bien, sin ánimo de comparación ni de polémica política, el mismo interés en el desarrollo de la normalización es también responsabilidad exigible a otras instituciones públicas, a otros gobiernos, que tienen en sus manos la capacidad de restañar las dificultades que aún presenta la convivencia. Entre ellas, la de hallar reparación a las víctimas de abusos policiales que no cabe ignorar o pretender inexistentes cuando han sido constatados y documentados por organismos y tribunales internacionales e incluso sentenciados en algún caso por la propia justicia estatal; cuando la reparación responde asimismo a la legislación internacional al respecto que el propio Estado español ha suscrito. Y el hecho de que el Gobierno Rajoy recurriera ante el Tribunal Constitucional, que ha admitido el recurso a trámite, la aprobación de la ley vasca que posibilitaría dicha reparación denota resistencia a colaborar en la consecución de una sociedad normalizada en Euskadi, tal vez como consecuencia del sufrimiento padecido, pero quizá también por un espurio interés político; lo que ningún poder público puede sostener.