El Estatuto de Gernika, en vigor desde hace ya 37 años y medio, establece en su artículo 10.14 -dentro de las “competencias exclusivas del País Vasco”- la capacidad de Euskadi para la “organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. Asimismo, el artículo 12.1 fija que “corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado” en materia penitenciaria. Por otra parte, el artículo 18.2 dice también que, en materia de Seguridad Social, corresponde al País Vasco “el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma”, así como “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Casi cuatro décadas después, estas competencias, claramente fijadas y delimitadas en el Estatuto, continúan sin ser transferidas por el Estado bajo excusas cuya consistencia real es, cuando menos, muy discutible. Como ocurre con otras materias, la especificación y acotación literales de la gestión tanto de las prisiones y otros establecimientos como del régimen económico de la Seguridad Social como “competencia exclusiva” establecidas en una norma que tiene rango de ley orgánica no debería dar lugar a interpretaciones restrictivas, pese a que los sucesivos gobiernos españoles se han negado de manera sistemática a asumirlo. Ahora, en una coyuntura sustancialmente distinta, con la violencia terrorista de ETA felizmente terminada y en un proceso de acercamiento para la normalización de relaciones entre los gobiernos español y vasco -en gran parte debido a la debilidad política e institucional de Mariano Rajoy y el PP- el ejecutivo de Iñigo Urkullu reclama, legítimamente, la asunción de la gestión tanto de prisiones como de la recaudación de las cotizaciones de la Seguridad Social y el abono de las pensiones, siempre sin la ruptura de la denominada caja única a la que tanto valor confiere el Estado. Son asuntos, ambos, de gran importancia para Euskadi y que deberán ser negociados de manera bilateral. Será una prueba fehaciente de la voluntad política y el compromiso real de Rajoy con el respeto al Estatuto y al autogobierno vasco.
