Por irrelevante que pudiera parecer dentro de la enormidad (tanto en número como en repercusión económica) de irregularidades que vienen afectando a las administraciones regidas por el PP, el informe policial que atribuye a la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes -a la que el juez descarta imputar por entender que no existen pruebas suficientes para investigarla-, presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid es la constatación evidente del modo en que las distintas instituciones públicas han sido utilizadas como parte de un entramado de negocio con fines muy particulares y distintos a los de la mejor gestión pública, cuando no directamente contrarios a la misma. No cabe ignorar, por ejemplo, que en este caso, el Grupo Cantoblanco del expresidente de la patronal madrileña y exvicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, al que se habría concedido irregularmente el contrato, ha sido asimismo el que había venido obteniendo concesiones similares en los servicios de restauración de, entre otros, el Congreso de los Diputados, Ifema, el Teatro Real o RTVE; que se trata de uno de los acusados de financiar ilegalmente al PP mediante donativos previos a la campaña electoral de 2007 a una fundación madrileña vinculada a ese partido; y que asimismo está imputado en la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, entidad de la que fue consejero, y en el caso de las tarjetas black. Como no cabe obviar que al mismo tiempo que se conocía el informe, el juez Eloy Velasco citaba como imputadas a 51 personas -de 68 investigadas- en el marco del caso Lezo, que según dice el juez textualmente en el auto, afecta a “diferentes administraciones públicas, diversos órganos de contratación e incluso diferentes contratos, servicios y empresas públicas en épocas diversas” y que este caso es solo el último de las decenas de ellos que se vienen investigando en torno a la gestión de las distintas administraciones por parte de políticos de un partido, el PP, que supera los ochocientos imputados. Mucho menos que, mientras todo eso sucedía, el Congreso debatía la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, por actuaciones que, cuando menos, no contribuyen al esclarecimiento judicial de responsabilidades en la corrupción que ha descompuesto las instituciones del Estado.
