La detención por orden del juez Eloy Velasco, titular del juzgado de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, de doce personas, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP madrileño Ignacio González, bajo la acusación de delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II no es sino uno más en la maraña de los innumerables casos judiciales que entremezclan el enriquecimiento ilícito de los encausados y la financiación irregular del partido que preside Mariano Rajoy. Desde la dimisión de Luis Bárcenas tras la aparición hace siete años de una contabilidad no declarada del PP que incluía pagos al propio Rajoy o a ministros y primeras figuras del partido (Rato, Acebes, Arenas, Trillo, Cascos, Mayor Oreja...) y la investigación de las conexiones de la trama Gürtel con el Partido Popular, por las que este lunes recibió la citación a declarar el propio Rajoy; el inicio de una interminable lista de casos (Púnica, Auditorio, Imelsa, Fabra, Brugal, Palma Arena, CAM...) han llevado a la imputación de más de ochocientos cargos del PP y revelado que la enorme mancha de la corrupción se extiende en todos los niveles y ámbitos de ese partido de tal forma que es, ha sido, imposible ignorarla pese a la pretensión que mantiene todavía el presidente de los populares y del Gobierno español. Pero si ya antes de ahora resultaban poco menos que patéticos esos intentos de Rajoy de apartar de sí dicha lacra insinuando que esta se ceñía a la época anterior, la de Aznar, pese a haber sido él mismo miembro de aquella dirección nacional y responsable de campañas electorales, la detención de González, quien en pleno liderazgo de Rajoy presidió el Canal de Isabel II (hasta 2012) y fue secretario general del PP de Madrid (2011) y presidente de la Comunidad sustituyendo en 2012 a Esperanza Aguirre, todavía hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento madrileño, los hace si cabe más inverosímiles. Y si hasta ahora la utilización de todos los resortes políticos para el control de los tiempos y formas de la actuación judicial y la continuada negación de la evidencia no han evitado que ésta sea manifiesta, tampoco lo harán más adelante. Rajoy haría bien en admitirlo.
