La aprobación por el Parlamento Vasco, con el apoyo de las dos formaciones del Gobierno (PNV y PSE) y la abstención del PP, de los Presupuestos de la CAV para 2017 implicó ayer un doble debate forzado sobre el mayor o menor perfil social de las Cuentas y sobre el acuerdo que las ha sacado adelante. Así, cuestionar el carácter social de los Presupuestos vascos es difícilmente sostenible cuando el gasto destinado a tal fin ha aumentado de nuevo cuatro décimas respecto a 2016 y supone más de siete de cada diez euros presupuestados, estando muy por encima del 54% que se destina a gasto social en el Estado, el 56% de la media europea o incluso el 57% y el 58% de las principales potencias económicas de la UE como son Alemania y Francia; o cuando los departamentos denominados sociales, es decir, Salud, Educación y Empleo y Políticas Sociales se llevan más de siete mil millones de un global presupuestado de poco más de once mil. Ni siquiera la pretensión de los recortes en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que protagonizó ayer una protesta en el Pleno, parecen compadecerse con el presupuesto, toda vez que en este aumentan las partidas destinadas a este efecto y a las ayudas a vivienda en más de treinta millones. Que todo ello sea mejorable, que la redistribución de rentas sea perfectible incluso en una sociedad con la cohesión social de Euskadi, que haya quien abogue por una reforma fiscal -que, en todo caso, no afectaría a este ejercicio por no ser aplicable al mismo- para, en principio, obtener una mayor capacidad de gasto que, sin embargo, habría que confirmar; no significa que los Presupuestos aprobados ayer no realicen un verdadero y difícilmente incrementable esfuerzo en ese sentido; y denunciarlo así sólo entra en el terreno de lo demagógico. Tanto, por cierto, como la pretendida polémica sobre el acuerdo con el PP para la aprobación de las Cuentas. Que un cambio en el proyecto de Presupuestos de 29 millones (en 11.060), es decir, del 0,3%, pueda condicionar el carácter de los mismos es simplemente forzar la pose. Criticar la entente en base a la posibilidad -por cierto, negada por las partes- de que conlleve un acuerdo en Madrid nada tiene que ver con su conveniencia o no para la sociedad vasca. Y hacerlo en base a las diferencias ideológicas se antoja asimismo pura demagogia si quienes lo critican coinciden luego con el PP en numerosas enmiendas parciales.