Culminado -a falta de los correspondientes peritajes y, en su caso, las investigaciones derivadas del análisis del arsenal- el proceso de desarme de ETA escenificado este pasado fin de semana, quedan aún muchas tareas pendientes en el camino hacia la pacificación total, la normalización política y social y la convivencia tras décadas de violencia. Se trata, con estos objetivos, de dar los pasos necesarios y precisos hacia el futuro. El mismo día del desarme, el líder de Sortu, Arnaldo Otegi, ya fijó las que, a su juicio, son las prioridades en esta “nueva ventana de oportunidad”, tal y como la definió: la cuestión de los presos, los refugiados, las víctimas y “la desmilitarización del país”. Más allá de que ese sea precisamente el orden y las prioridades a abordar -algo muy cuestionable-, lo cierto es que tras el reconocimiento y reparación de las víctimas -muchas de las cuales, además, pudieron sentirse ofendidas por la escenificación y algunos mensajes lanzados durante los actos celebrados el sábado en Baiona y por la presencia allí de ciertas personas que en absoluto pueden considerarse “artesanos de la paz”-, el problema de los presos y su resolución va a constituir uno de los ejes centrales del debate. Sin embargo, no puede establecerse una relación directa entre el desarme de ETA y un movimiento en la política penitenciaria, al menos a corto plazo. No puede ser ni debe parecer una contrapartida en una especie de binomio “armas por presos” que no se va a dar. Además, porque nadie espera que el Gobierno de Mariano Rajoy lo contemple siquiera. Ayer, el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, insistió en que el cambio en la política penitenciaria debe hacerse por consenso, y ahí puede estar la clave del éxito. Para ello, tal y como está la actual situación, son imprescindibles dos premisas: que los propios presos acepten de manera definitiva la legalidad penitenciaria, lo que supone a su vez la asunción de su propia responsabilidad y el reconocimiento del daño causado, y la urgente disolución de ETA. Son dos debates paralelos pero que tienen un evidente nexo común. De momento, la mayoría de los reclusos es favorable a la vía legal -lo que supone un cambio radical en sus posiciones anteriores- pero no es una decisión unánime. El “problema de los presos” -no solo el acercamiento- sigue siendo, fundamentalmente, de ellos mismos y su resolución está en las cárceles.
