Desde que la aprobación de la Constitución vino a poner punto final político-jurídico a la dictadura franquista hasta que el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007 -“por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”-, las víctimas del franquismo añadieron a su sufrimiento 29 años más de impunidad de sus victimarios. Y desde la aprobación de esta ley, hace ya más de nueve años, se han venido viviendo episodios de incumplimiento, cuando no bloqueo al ámbito judicial que incumbe a ese triple compromiso de memoria, justicia y reparación que legítimamente reivindican los damnificados, primero por la guerra y la dictadura, y luego por el olvido posterior al que fueron sometidos. Araba sabe de esto último. Aún son recientes los archivos de las querellas impulsadas por sus instituciones para investigar los asesinatos del 3 de marzo de 1976. Y este caso es solo un ejemplo. Pero, al mismo tiempo que el camino judicial para intentar investigar los crímenes del franquismo -cuyo principal hito tal vez haya sido el proceso abierto en Argentina, con lo que eso debiera suponer de reflexión y autocrítica para el Estado- es hasta ahora una larguísima carrera de obstáculos cuya meta parece no adivinarse, no es menos cierto el reconocimiento gradual de la necesidad de rescatar del olvido a aquellas víctimas por parte de entidades y estamentos sociales, así como de instituciones, así como su compromiso con este objetivo. Y un ejemplo también cercano de esto es el acto que este sábado recordará a las 16 personas que fueron asesinadas en Azazeta, entre ellos el entonces alcalde de Gasteiz Teodoro González de Zárate, con motivo del 80 aniversario de aquel suceso. Un homenaje impulsado por el Ayuntamiento de la capital alavesa, la Diputación de Araba, las Juntas Generales y las instituciones locales presidido por el lehendakari, que quiere convertirse en merecido recuerdo a aquellas 16 personas fusiladas en la madrugada del 31 de marzo al 1 de abril de 1937, pero también en testimonio de homenaje a todas las víctimas que la dictadura franquista dejó en el territorio. Y el carácter abierto a la sociedad del acto de este sábado es precisamente un elemento más para afianzar ese compromiso de la sociedad alavesa con la memoria y la dignidad de estas personas.