Una vez asumido por las instituciones, los partidos políticos y otras organizaciones y por la propia sociedad el tantas veces demandado desarme de ETA -fechado para el próximo 8 de abril- y más allá de las urgentes y, en consecuencia, aún no del todo maduradas primeras valoraciones y reacciones, llega el momento de calibrar de manera más sosegada y reflexiva el alcance real y las consecuencias del anuncio de la entrega por parte de la organización de todos sus arsenales. En primer lugar, cabe resaltar que, si se lleva a cabo en los términos adelantados por Txetx Etcheverry en su calidad de portavoz de los mal denominados artesanos de la paz, que a su vez actuarían en nombre de una siempre inabarcable sociedad civil, se trataría de un desarme unilateral, completo, sin condiciones de ningún tipo y con garantías de legalidad y en el que participarían la comisión internacional de verificación y las instituciones vascas, lo que otorgaría al plan un alcance suficientemente creíble, una dimensión realmente histórica y una legitimidad indiscutible. Queda, sin embargo, una gestión paralela de ese desarme, siempre que existan garantías plenas de que ETA no va a intentar rentabilizarlo en forma de escenificación propagandística, lo que podría dar al traste con toda esa legitimidad que se le presupone. De momento, tal y como ya informó ayer DNA, el lehendakari Iñigo Urkullu -que estaba al tanto del anuncio- ya adelantó al presidente español, Mariano Rajoy, el alcance esperable del desarme y el escenario que se dibujaba, incluido el papel del Gobierno español. Un papel que debe situarse en primer lugar en no entorpecer y, aún menos, frustrar ese proceso de entrega de las armas y, posteriormente, en tener la suficiente inteligencia, altura de miras y visión política como para, en concordancia con el paso dado por ETA, desactivar de una vez algunas de las múltiples medidas adoptadas a lo largo de décadas de excepcionalidad legal. No se trata, en absoluto, de premiar a quienes ejercieron la violencia y causaron cientos de asesinatos por dejar de hacerlo, sino de adecuarse a la situación. Nadie entendería, por ejemplo, que, si el desarme es efectivo y fehaciente, Rajoy no cambiase, “aplicando la ley” como él mismo reiteró varias veces ayer en Vitoria, la inhumana política penitenciaria. Es de justicia y una demanda, ahora aún más mayoritaria si cabe, de la sociedad vasca.