Las declaraciones del expresidente del Palau de la Música de Barcelona, Félix Millet, el exdirector administrativo, Jordi Montull, y la hija de este y exdirectora financiera de la institución, Gemma Montull, en el juicio del caso Palau que se desarrolla en la Audiencia de Barcelona, reiteran las ya harto conocidas denuncias de financiación irregular de CDC con el pago de comisiones del 3% y el 4% por la concesión de contratos públicos, pero no deberían desligarse del verdadero objeto del juicio: la responsabilidad por el desfalco de más de tres millones de euros realizado en el Palau durante la primera década de este siglo y del que se ha reconocido públicamente responsable el propio Millet. Además, y en todo caso, el supuesto pago de comisiones a CDC a través de los convenios entre el Palau de la Música y la Fundació Trias Fargas, que llevaron a la imputación en el caso del ex tesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, de haberse producido, habrían tenido lugar con anterioridad a 2012, año en el que Artur Mas relevó a Jordi Pujol en la presidencia de CDC. Es decir, aun si del juicio del caso Palau -originalmente caso Millet- se dedujera la confirmación de financiación ilegal por parte de Convergencia Democrática, no se deben confundir estas prácticas con el procés soberanista que se desarrolla en Catalunya, como al parecer se pretende (no cabe olvidar al respecto las grabaciones de Fernández Díaz, sobre las que ahora se abre una comisión de investigación en el Congreso) desde ámbitos políticos y medios de comunicación de Madrid. Y aun si Artur Mas, en su condición entonces de figura reconocible -que no máximo responsable- de CDC y conseller de la Generalitat, además de posterior candidato de la coalición de este partido con Unión (CiU) a la presidencia del Govern, que posteriormente alcanzaría, pudiera ser relacionado con esos hechos, conocidos ya cuando ejercía como president aunque ahora se vuelvan a denunciar, no se le podría señalar desde Madrid otra responsabilidad mayor a la asumida por Rajoy respecto a los casos de corrupción que reiteradamente afectan al PP. Así que el intento de aprovechar la confusión para deslegitimar no ya a unos dirigentes o a un partido, sino al nacionalismo catalán en general, al procés soberanista y a la exigencia del derecho a decidir que desborda a estos en el seno de la sociedad catalana solo podrá convertirse en otro fallido despropósito del Estado.
