La determinación con la que el gobierno conservador británico de Theresa May ha encarado el cumplimiento del resultado del referéndum del 23 de junio en el que los británicos optaron por abandonar la Unión Europea -51,9% a favor del Brexit y 48,1% en contra, con 1.279.501 votos de diferencia- y la previsión de que invoque en dos semanas el artículo 50 del Tratado de la UE, que dará inicio a las negociaciones para hacer efectiva la salida británica, parecen disipar las dudas que algunas decisiones judiciales y la resistencia de amplios sectores políticos y sociales habían extendido sobre el proceso. Además, el alineamiento del líder laborista Jeremy Corbyn con el resultado del referéndum pese a haber hecho inicialmente campaña contra el Brexit, en cumplimiento de una lógica muy británica de respeto a la democracia, y el desarrollo de las votaciones en Westminster hasta la fecha, permite adelantar que la legislación precisa para que May invoque el art. 50 ante los 27 estados miembros de la UE estará lista en marzo. Ahora bien, ello no significa que la pretensión británica de anunciar inmediatamente el fin de la libre circulación de ciudadanos comunitarios y determinar la situación de los más de 3,5 millones de europeos residentes en Gran Bretaña se lleve a efecto. Más bien es parte de la negociación que May interesadamente esgrime. De hecho, Bruselas ya ha dejado entrever que esa medida solo podrá implantarse al final del proceso de dos años que llevará a culminar la salida británica de la UE -un proceso que las autoridades europeas no van a facilitar- y que su implementación tendrá idéntica afección sobre los británicos residentes en los 27 estados miembro de la Unión. Es decir, invocar el art. 50 no hará que todo resulte sencillo. Por el contrario, Londres se verá enfrentado al tiempo a la resistencia interna de Escocia e Irlanda del Norte, territorios en los que la misma lógica muy británica de la democracia que emplea Corbyn sirve para defender un referéndum sobre su relación con Gran Bretaña, toda vez que en ambos el Brexit resultó derrotado ampliamente el 23 de junio, con el 62% de los escoceses y el 56% de los norirlandeses votando por la permanencia en la UE. En el caso de Escocia, con más razón si cabe tras haberse esgrimido ésta como razón contra la independencia en el referéndum de setiembre de 2014 en el que el 55% de los escoceses votaron por permanecer en Gran Bretaña.
