La visita del expresident Artur Mas a Euskadi invitado por el lehendakari ohia Juan José Ibarretxe y el revuelo mediático que ha suscitado; los rumores intoxicados sobre una reunión entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el catalán, Carles Puigdemont; y la declaración prevista para hoy de Francesc Homs en el Tribunal Supremo dentro del proceso contra la celebración de la consulta del 9-N han vuelto a colocar a Catalunya en el ojo del huracán político, mediático y judicial. Y como sucede de manera absolutamente previsible cada vez que hay un acontecimiento de relevancia política en Catalunya, las cloacas del Estado han vuelto a poner en funcionamiento sus mecanismos para interferir en el proceso soberanista, en esta ocasión lanzando confusas informaciones sobre la presunta financiación ilegal de Convergencia Democratica de Catalunya (CDC), ahora el PDeCAT presidido por Mas. La declaración de hoy de Homs -aforado por su condición de diputado- en el Supremo forma parte del mismo proceso judicial en el que están inmersos el propio Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, que hicieron lo propio el pasado 6 de febrero ante el Tribunal Superior de Catalunya y viene a confirmar que el frente judicial es, junto con el ataque mediático, la única respuesta del Gobierno de Rajoy al grave problema que existe en Catalunya, que prepara ya la desconexión organizando sus propias estructuras de Estado y prevé la celebración de un referéndum legitimador del proceso antes del otoño. Porque la realidad es que si fuese cierto que el Ejecutivo español tiene intención de afrontar desde la política el desafío que tiene por delante, su pretendida oferta que concretaría la denominada tercera vía debería ser mucho más seria y tener vocación real de acuerdo de lo que el propio PP ha filtrado. El rechazo rotundo a la celebración de una consulta legal y pactada, a una reforma constitucional que permita el ejercicio del derecho a decidir que la inmensa mayoría de la sociedad catalana demanda y ni siquiera a un pacto fiscal supone, de facto, negar la posibilidad de un mínimo acuerdo digno para Catalunya. Así, no es que no haya tercera vía, sino que ni siquiera hay una segunda porque, como suele describirse de manera gráfica, hay dos trenes que circulan por una sola vía pero en distinta dirección, lo que augura un choque inevitable.
