La no desmentida reunión del pasado 11 de febrero en La Moncloa entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en plena efervescencia de la deriva judicial a la que debido a la actitud del gabinete Rajoy se han visto abocadas las iniciativas legislativas catalanas respecto a las relaciones de Catalunya con el Estado, parece servir más a la impresión que a la realidad de que en éstas se mueve algo. Si con su publicación se pretende que el presidente español estaría dispuesto a negociar la gran mayoría de los planteamientos trasladados por Puigdemont, según se filtra todos salvo uno, que no es sino el primero y esencial, desarrollado bajo el epígrafe Relación Catalunya-España. Respuesta política a un mandato democrático, la misma no sirve para tergiversar la intransigencia públicamente reiterada por Rajoy a contemplar siquiera la posibilidad de que la sociedad catalana se exprese sobre su estatus de relación con España. Y tampoco oculta que el término “negociar” no tiene, en el diccionario político de Rajoy, el mismo significado que tratar de llegar a acuerdos. De hecho, por lo que se deduce de las actitudes previas de Madrid, difícilmente podrían alcanzarse estos en gran parte de los veintiocho incumplimientos del Estado con Catalunya que desgrana la Generalitat, tampoco en la solicitud catalana de desjudicialización de la política. Así que bajo esos parámetros, la reunión entre Rajoy y Puigdemont no altera el fondo del problema, la desconexión afectiva de la sociedad catalana con un Estado que no solo no sirve a sus necesidades socioeconómicas sino que impide su expresión política, por lo que tampoco condiciona su consecuencia en forma de iniciativas institucionales para solventar las primeras y encauzar la segunda, como demuestra la firma ayer mismo por Puigdemont, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, miembros de JxSí, de la CUP, de Podemos, de SíQueEsPot y de los comunes del Pacte nacional pel Referèndum, que pide un referéndum con garantías. Y si acaso la reunión del día 11 permitiría intuir una cierta moderación de los planteamientos del Gobierno español, convendría oponer a dicha intuición los hechos en forma de iniciativas judiciales contra los representantes políticos catalanes y la rotunda negativa a dar cauce constitucional, que existe en virtud de su artículo 149, a la pretensión mayoritaria en Catalunya.
