Más allá de las grandes cifras, el proyecto de Presupuestos para 2017 que presentó ayer el Gobierno presidido por Iñigo Urkullu para ser remitido mañana al Parlamento encierra tres detalles que bien podrían considerarse definitorios: por un lado, el nuevo aumento de las partidas destinadas a lo que se denomina “gasto social” respecto al total presupuestado (11.059,7 millones de euros), que alcanza el 76%, cuatro décimas más que hace un año; por otro, que ese total presupuestado también aumenta (126 millones más que en 2016); y, finalmente, el descenso de la carga financiera. Si este último aspecto es consecuencia de la prudencia en la gestión precedente, el aumento global de las cifras confirma el cambio de tendencia que se inició en 2015 tras un trienio (2012-2014) de contención obligada en las Cuentas públicas; y el primero, el aumento tanto en porcentaje como en el total destinado a “gasto social”, determina el principal objetivo del proyecto, que no es otro que el mantenimiento de los servicios públicos y la defensa de las cuotas de bienestar también entre quienes se hallan menos protegidos en la todavía creciente desigualdad social heredada de los peores años de la crisis económica que, al parecer, comenzamos a superar. Que aun en esta situación, con las habas presupuestarias todavía contadas -un déficit fijado en el 0,6% y un endeudamiento máximo a final de año acordado en el 13,8%-, sigan siendo los departamentos de Salud (3.537 millones), Educación (2.663) y Empleo y Políticas Sociales (999,9) quienes recojan 6,5 de cada 10 euros presupuestados y se haya conseguido aumentar en casi 160 millones los 8.244 millones destinados hace un año a gasto social, pero se logre al tiempo actualizar el capítulo inversor en un 5% son evidencias que desvelan las intenciones del Gobierno. Lo hacen también en su pretensión de hallar apoyo más que suficiente al proyecto de Presupuestos o, al menos, a desactivar pretendidas justificaciones a un bloqueo que si bien es factible por aritmética parlamentaria difícilmente podría ser razonado por cuanto exige la concertación de políticas divergentes. En definitiva, el proyecto de Presupuestos, como todos, podrá ser mejorado en el trámite parlamentario; pero un rechazo frontal precisaría de una coincidencia de intereses al margen de las necesidades que presenta hoy la sociedad vasca.
