La decisión del último consejo de ministros del año de sustituir a Carlos Urquijo por Javier de Andrés como delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) no es sino la lógica consecuencia del público incumplimiento por Urquijo de una parte de la legalidad que ha pretendido defender y representar. Las fotografías publicadas en las que se veía al entonces delegado gubernamental realizando la compra de una copia ilegal de un producto audiovisual en un puesto de venta no regulado en Bilbao no podían dar lugar sino al cese de Carlos Urquijo, por mucho que el político del PP pretendiera situar aquel acto en la esfera de “lo privado”, lo que por otro lado y del mismo modo, hubiera podido esgrimir en ese caso cualquier otra persona sorprendida formando parte de algún otro acto ilegal o incluso de algún delito de entre los que el delegado del Gobierno se ha atribuido la responsabilidad de perseguir. Así que pretender considerar el cambio de Carlos Urquijo por Javier de Andrés como un gesto del Gobierno que preside Mariano Rajoy en el ámbito de las presuntas pero aún no iniciadas negociaciones con el PNV no es sino una elucubración sin demasiado fundamento aun si Urquijo ha sido, junto con la Abogacía del Estado, la herramienta por la que el Ejecutivo español del PP ha recurrido, perseguido y paralizado las actividades, también la legisladora, de las instituciones vascas, principalmente ayuntamientos, Gobierno y Parlamento vascos, que en consecuencia habían llegado a pedir oficialmente su cese. Además, no es el nombre sino la actitud la que mostrará si, más allá del cese de Urquijo en sus funciones de prolongación de las políticas del Gobierno español en Euskadi, el nombramiento de Javier de Andrés supone algún tipo de cambio y, dentro de lo absolutamente prescindible que resulta la figura del delegado del Gobierno español, responde más a la labor de coordinación entre administraciones que le atribuye el art. 154 de la Constitución que al ejercicio de la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la asunción de las competencias sancionadoras que en su tiempo tenían atribuidas los gobernadores civiles que han caracterizado no solo a Urquijo sino a la mayor parte de quienes le habían precedido en un cargo innecesario.
