Tiene este segundo Gobierno de Mariano Rajoy la oportunidad de dar un giro a su relación, no sólo con el PNV, sino con el propio entramado institucional subestatal en su conjunto. El anterior desarrolló una política de hechos consumados a través de la judicialización de las normas ajenas y de la apropiación de amplios espacios de gestión y decisión mediante la fórmula de promulgar leyes básicas que ponen en cuestión competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Amparado en una mayoría absoluta que le permitía hacer y deshacer y una alta magistratura formada mayoritariamente por sus afines, el PP impuso una concepción del Estado nítidamente recentralizadora. Ahora, forzado por la minoría en la que deberá gobernar, lanza mensajes de concordia y reconocimiento cuya materialización tiene que sustanciarse desandando ese camino y para ello deberá retirar los recursos y llevar la discrepancia a la mesa de negociación política, que es el eje fundamental de la reclamación del Gobierno Vasco y el Grupo Vasco en Madrid para concebir una relación de confianza de cara al futuro. Por el momento, las consecuencias de la judicialización se siguen produciendo. La sentencia de hace una semana del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que supone eliminar las 35 horas de la administración vasca es un ejemplo claro de ello. La interpretación del Tribunal se basa en la norma, pero no en la realidad y esto aleja el ejercicio de la Justicia de los ciudadanos. Al considerar en su sentencia que las 35 horas elevan el gasto público por encima de lo permitido y afectan al equilibrio presupuestario se hace eco del razonamiento legal del Gobierno español, pero no de la realidad fiscal vasca. El equilibrio presupuestario no se ha visto afectado ni el gasto público se ha elevado por encima de lo permitido puesto que las cuentas vascas cumplen como nadie los objetivos de déficit fijados. Sin embargo, sí blinda el tribunal la preeminencia del decreto estatal de las 37,5 horas. Curiosamente, coincide la sentencia con la recuperación en alguna prensa del recurso del Gobierno español a la 26ª promoción de la Ertzaintza. Casual o no, se acredita que las ofertas de diálogo del Ejecutivo español no se acompañan aún de la voluntad de no entorpecer la acción de gobierno en Euskadi.