La coincidencia de las dos formaciones políticas del país con más respaldo electoral, PNV y EH Bildu, de las dos centrales que conforman la mayoría sindical, ELA y LAB, y de otros agentes (ESK, Steilas, Geroa Bai, corrientes de Podemos, IU, CCOO...), aun si en alguno de los casos presentan matices respecto a la terminología, en instar a contribuir al desarme de ETA desde las instituciones y gobiernos del Estado español y el Estado francés no hace sino trasladar públicamente lo que se ha confirmado reiteradamente como una exigencia, además de una necesidad, de la absoluta mayoría de la sociedad vasca. Superado el lustro desde que ETA anunciara el fin de su actividad violenta y comprobada la intención -también a través de la verificación internacional- de dicha organización de entregar el armamento que se halla todavía en su poder; vehiculizar esa entrega se antoja el paso previo imprescindible para una disolución que también pretende y exige una absoluta mayoría de los vascos. Y coadyuvar a ese desarme facilitando las necesarias garantías al mismo no solo es una responsabilidad política de los gobiernos español y francés, sino que se entiende un deber de ambos en cuanto que contribución a la paz y la normalización y por tanto respuesta a los deseos de la sociedad, teórico fin último de la labor encomendada por los ciudadanos a cualquier gobernante. Lo contrario, es decir, exigir la desaparición sin un desarme efectivo previo es un sinsentido que únicamente puede entenderse como pretensión de bloquear el proceso toda vez que impediría dar por cerrado de modo total y definitivo un capítulo que Euskadi desea dejar ya atrás. Dicho esto, es preciso resaltar, sin embargo, que todos los agentes apelan asimismo al papel que las instituciones vascas, (también la próxima Mancomunidad de Iparralde) y más concretamente los gobiernos vasco y navarro por sus atribuciones en materia de seguridad, pueden tener en ese cierre definitivo; lo que constituye una apelación implícita a la propia ETA para que admita, siquiera para impedir obstáculos inesperados e interesados que dificulten el proceso, el ofrecimiento que efectuó hace ya más de dos años, en diciembre de 2014, el Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu de “coliderar un esfuerzo internacional en materia de desarme si es para su carpetazo definitivo”.