La reunión el próximo martes 20 de los equipos jurídicos del Gobierno Vasco y el Gobierno español para tratar de cuatro de los recursos -a la ley municipal, la ley de adicciones, la ley de abusos policiales y la ley de la iniciativa legislativa popular- que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ha ido presentando a la acción gubernativa vasca supone, de momento, no más que otro mero síntoma de cambio en las relaciones entre los gobiernos de Euskadi y España. En primer lugar, la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación es un proceso prácticamente reglado. Lo es desde la aprobación en 2000 de la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional, que reforzó a priori la regulación de las comisiones bilaterales por el art. 5.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones, donde ya se les confería la labor y el objetivo de llegar a acuerdos que solucionen posibles conflictos desde una actitud de lealtad institucional que, desde luego, no ha existido en la interposición continuada desde Madrid de cortapisas a la actividad legislativa vasca. Que se mantengan conflictos no ya sobre las cuatro leyes a tratar el martes, sino hasta en una treintena de asuntos normativos (OPE de la Er-tzaintza, horarios comerciales, jornada laboral de los funcionarios, identificación de Osakidetza...), es suficiente evidencia de que no son simples y muy dudosas incompatibilidades o discordancias competenciales, sino que la interposición de recursos forma parte de un diseño político que pretende ahormar -y por tanto limitar- el autogobierno vasco en una concepción ideológica concreta de lo que se viene a denominar el Estado de las Autonomías, obviando el alcance y posibilidades del Estatuto de Gernika y el contraste que la propia Constitución realiza entre naciones (nacionalidades) con derechos históricos y comunidades autónomas. Por tanto, y en todo caso, solo una reconsideración clara de los recursos ya desde la Comisión Bilateral del martes permitiría atisbar que la distinta disposición que pretende mostrar el Gobierno Rajoy lleva a un cambio de actitud, cuando concretar este es obligado para abrir nuevas posibilidades de diálogo. En otras palabras, la reunión es apenas el primer cauce por el que cumplir la premisa del respeto a las instituciones y al autogobierno de Euskadi, imprescindible para iniciar la búsqueda de acuerdos más profundos.