Las condiciones laborales de una gran parte de los trabajadores vascos se han precarizado tras años de un crisis sin precedentes y después de las sucesivas reformas laborales implementadas por los distintos ejecutivos que han tutelado los destinos del Gobierno central durante las últimas décadas. Todo ello ha contribuido a rebajar la capacidad adquisitiva de las plantillas y a mermar aún más parte de los derechos a los que se podían agarrar en caso de necesidad. En esa tesitura, cada vez sorprenden menos los datos que avalan la existencia de una dolorosa realidad que afecta a un buen número de empleados, tanto en el ámbito público, como en el privado: el acoso en el lugar de trabajo. Y no sorprenden porque el panorama de las relaciones laborales parece huérfano de una legislación que permita ordenarlo con un mínimo de seguridad para que los más débiles puedan guarecerse bajo su paraguas.
Bien es cierto que no se puede generalizar, y sería equivocado hacerlo, pero las evidencias justifican la necesidad de dar un toque de atención a todos los actores implicados en las relaciones labores y, principalmente, a las administraciones públicas cuando éstas ejercen de empresario. No en vano, dentro de las distintas instituciones existentes en la CAV hay miles de funcionarios que ejercen su labor a diario en distintas parcelas. Otrora acceder a la Función Pública significaba abrir las puertas de par en par hacia un mundo laboral preñado de derechos y en el que las distintas fuerzas sindicales ejercían la presión que no podían hacer con tanta fuerza en el mundo de la empresa privada.
Sin embargo, las últimas sentencias judiciales que afean la falta de atención de responsables de la Administración pública ante casos de acoso laboral producidos en su seno, varios de ellos acaecidos en el territorio histórico de Álava, justifican la adopción de mayores controles y, si fuera preciso, de otra legislación más garantista capaz de cercenar de raíz cualquier atisbo de mobbing. Porque no es de recibo ningún caso de acoso laboral, ni vertical ni horizontal. Y menos en una Administración pública cuyo sentido es el de garantizar derechos. En cualquier caso, y a la espera de tales circunstancias, las víctimas ya saben que la Justicia puede ser un camino a explorar, cada vez, con mayor intensidad.
