la detención el lunes de ocho personas supuestamente vinculadas al altercado en un bar de Altsasu entre dos guardia civiles y sus parejas y un grupo de jóvenes a las cinco de la mañana ha acabado -seis de ellas enviadas horas después a prisión incondicional por un supuesto delito de lesiones terroristas-, siendo el último episodio por ahora de un ejercicio de creciente sobreactuación. Todo ello sin obviar que estamos ante un caso que merece la obvia e inexcusable repulsa por una agresión grave e injustificable como la sufrida por los agentes. Pero esa sobreactuación asoma en el hecho de que una de las personas detenidas ya había sido arrestada y prestado declaración el mismo día de los hechos ante la Policía Foral -cuerpo que asumió inicialmente la investigación- y varias más se habían presentado en la Audiencia de Pamplona para declarar voluntariamente antes de que el caso fuera trasladado a la Audiencia Nacional. Hechos ambos que evidencian la innecesidad de estas detenciones con la parafernalia habitual de despliegue policial y presencia mediática. Los hechos que se investigan fueron sobredimensionados con falsedades e intoxicaciones que los primeros informes de la Policía Foral y de la propia Guardia Civil desmintieron. Con esos mimbres de tan escasa fiabilidad, la bola mediática dio paso a una serie de informes policiales y denuncias que acabaron derivando el altercado a la Audiencia Nacional como un presunto delito de terrorismo amparado en la modificación del Código Penal que aprobó la mayoría absoluta del PP y que ha sido denunciado por organismos internacionales, incluida la ONU, por su vulneración de derechos civiles y libertades democráticas. Una serie de actuaciones que han aumentando por elevación el alcance de los hechos, la calificación judicial de los presuntos delitos y han terminado con unas detenciones innecesarias. Al margen de cual sea el recorrido judicial final -la investigación se fundamenta por ahora sólo en los informes y las valoraciones de la Guardia Civil-, parece clara una desproporción entre las actuaciones y las acusaciones a los implicados y los propios actos que se juzgan. Una sobreactuación que, como recordaba ayer el Gobierno Vasco, contrasta aún más con el hecho de que fue el propio ministro del Interior saliente, Jorge Fernández Díaz, el que consideró la agresión como “un hecho puntual, un delito de odio y no kale borroka”.
