Sobre la propuesta de nombramiento como nuevo fiscal general del Estado del magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Maza Martín, debe analizarse tanto el procedimiento empleado por el Gobierno, que denota sus intenciones, como los antecedentes que caracterizan al elegido y, por tanto, adelantarían los ejes de su actuación. Respecto al procedimiento en sí, la falta de diálogo y consenso con otras fuerzas para la elección del nuevo fiscal general no responde, desde luego, a las pretensiones de una nueva actitud dialogante que se anunciaron como una exigencia del propio Mariano Rajoy a sus ministros. Muy al contrario, no es sino la continuidad de la costumbre, extendida durante la legislatura de mayoría absoluta del PP, de ignorar al arco parlamentario aun si en estos momentos el PP no posee mayoría suficiente. Conviene recordar que la propuesta solo debe contar con un informe de idoneidad del CGPJ, de clara inclinación conservadora, antes de proceder al nombramiento del designado tras su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso. Más aún, el modo en que se produce la designación ignora las advertencias que el Consejo de Europa ha venido realizando respecto de las carencias que presenta el sistema judicial en el Estado español debido a la escasa separación entre poderes. Dando por hecho el nombramiento, en todo caso, los antecedentes de José Manuel Maza Martín tampoco permiten aventurar un cambio en la actitud de la Fiscalía respecto a la que ha venido manteniendo con sus inmediatos predecesores, Consuelo Madrigal y Eduardo Torres Dulce, especialmente en lo referido a la actividad política en Euskadi y, sobre todo, Catalunya. Aun si el magistrado, de claro perfil conservador, formó parte del tribunal que dictó en 2010 el sobreseimiento de la causa contra el lehendakari Ibarretxe, Patxi López y cinco representantes de la izquierda abertzale por mantener reuniones políticas, Maza también fue el único magistrado que emitió un voto particular contra la absolución del juez Garzón de un delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo y fue apartado por su falta de imparcialidad en el juicio sobre la legalidad de las escuchas en el caso Gürtel; lo que tampoco parece anunciar una mayor independencia y equilibrio en la Fiscalía.
