La instrucción de obligado cumplimiento remitida el pasado viernes por la Fiscalía General del Estado que dirige Consuelo Madrigal a los integrantes del Ministerio Público con el fin de impedir la toma de declaración de los querellantes en la causa abierta por la jueza argentina, María Servini, contra 19 ex altos cargos franquistas es uno más entre los continuados intentos de los poderes del Estado español para dilatar y eludir la aplicación de la legislación internacional a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Intentos que se iniciaron con la misma Transición pero que se han hecho más evidentes si cabe en el Gobierno de Mariano Rajoy. Por ejemplo, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada con los únicos votos del PP y por vía de urgencia con el fin de limitar la aplicación del principio de jurisdicción universal que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya reconoció en 1996 en materia de genocidio; reforma, por cierto, cuestionada por los mismos jueces de la Audiencia Nacional y el propio predecesor de Madrigal en la Fiscalía, Eduardo Torres Dulce. Por ejemplo, con la negativa a la extradición, entre otros, de los ex ministros franquistas José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa, el ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, y el ex policía Antonio González Pacheco Billy el Niño. O con la oposición mediante subterfugios administrativos el pasado año desde el Ministerio de Interior de Fernández Díaz al cumplimiento del exhorto de búsqueda dictado por Servini contra Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio para interrogarles por los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Ahora, que la Fiscalía vuelva a actuar para seguir entorpeciendo la investigación de la jueza Servini tiene como novedad agravante los peregrinos razonamientos del Ministerio Público sobre el traslado de la justicia universal al ordenamiento jurídico español cuando el art. 96 de la Constitución Española obliga a este al cumplimiento de los tratados internacionales suscritos. También el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos que da carácter universal a la persecución de delitos como los cometidos por la dictadura franquista que el PP sigue sin condenar y a los que el Gobierno Rajoy pretende enterrar junto a sus víctimas en una cuneta al margen de la Justicia.
