La aprobación ayer por el Gobierno español que preside Mariano Rajoy de un decreto ley para establecer un tipo mínimo del pago fraccionado del 23% en el Impuesto de Sociedades para las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales y del 25% para bancos y refinerías no es sino la asunción por el Ejecutivo, y especialmente por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la absoluta falta de consistencia de sus políticas fiscales y de las consecuencias de sus errores sobre las cuentas públicas. La prueba más evidente está en el reconocimiento explícito de la imposibilidad de conjugar el déficit hasta el objetivo del 4,6% exigido por la Unión Europea para este año (que será el 3% en 2018) sin la medida adoptada ayer, aunque Montoro trate de obviar que el tipo mínimo establecido hasta su interesada supresión en 2015 era del 12% y restringido a empresas con más de 20 millones de facturación. Así que la decisión de retomar el impuesto pero incrementado y extendido es la constatación de que el Gobierno Rajoy únicamente procedió en la práctica, por conveniencia electoral, a un retraso en la exigencia de ese impuesto, que ahora impone a empresas con la mitad de volumen de facturación, exentas entonces, con el único fin de recuperar el volumen de recaudación en torno a los 20.000 millones de euros anuales. Pero es que, además, la motivación de aquella supresión esgrimida públicamente por el ministro de Hacienda, que supuestamente se habría producido con el propósito de disminuir los impuestos como argumento de cara a la cita electoral del 20-D, no es sino una falsedad, toda vez que la medida benefició a poco más de ocho mil empresas de entre más de medio millón mientras se producía un incremento de la presión fiscal sobre las rentas de trabajo que, como el propio Montoro ha indicado, se traducirá a final de este ejercicio en un incremento de mil millones de euros respecto a lo presupuestado por recaudación de IRPF. Todo ello sin considerar siquiera los contratiempos e inconvenientes que suponen a las empresas las continuas variaciones de la normativa fiscal por interés o necesidad del gobierno de turno, en este caso el presidido, en funciones para tantas otras cosas, por Mariano Rajoy.