Estos últimos días hemos asistido a la publicación de diferentes estadísticas que hacen referencia a la importante cantidad de recursos públicos que las administraciones vascas destinan a atenuar la situación de los grupos o personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. El último, publicado ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), sitúa el gasto social per cápita en Euskadi por encima de la media europea y muy por encima de la española. El informe sitúa a nuestra comunidad en puestos superiores a los que ocupan países como Reino Unido, Italia o Irlanda, pero a distancia de Luxemburgo, los países nórdicos y Alemania o Francia. El conjunto de los estudios sociales publicados reproduce la fotografía de un país en el que el esfuerzo solidario que se realiza es destacado y donde la inversión en términos sociales es equiparable al que se realiza en otros ámbitos como el de la competitividad o la innovación, siempre por encima de la media estatal pero sin llegar a los estados y regiones punteros de la Unión Europea. Este de la inversión social va a ser, sin duda, uno de los argumentos que más se va a utilizar en el debate electoral de cara a las elecciones vascas que se van a celebrar en Euskadi en septiembre. Es un debate importante para la cohesión de nuestra sociedad y solo cabe desear que se plantee en términos constructivos y no como arma arrojadiza o señuelo electoral. La sociedad vasca ha realizado un esfuerzo económico notable para edificar un sistema de solidaridad destacado que se ha convertido en modelo de referencia en el Estado, y las administraciones han apostado firmemente por él, incluso en momentos de crisis económica, derivando al mismo recursos finitos que han sido detraídos de otros ámbitos igualmente importantes para el desarrollo de nuestro bienestar. Uno de los grandes retos de la próxima legislatura vasca será el de mantener este entramado solidario, perfeccionándolo en los aspectos que sean precisos, desde la convicción de que su sostenibilidad dependerá directamente de la capacidad competitiva de nuestra economía y de la sociedad en general. Sin un país competitivo, sin una sociedad en la que aumente el número de trabajadores activos, no será posible consolidar y aumentar los niveles de compromiso social. Es un reto de país en el que los acuerdos políticos van a ser imprescindibles.
