La presentación por el Gobierno español en funciones que preside Mariano Rajoy de sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la última oferta pública de empleo de la Ertzaintza, 250 plazas que pretenden mantener la plantilla ante el proceso de jubilaciones, y contra el decreto que establece el currículo de Educación Básica de Euskadi ignora las limitaciones que la Ley de gobierno estipula a un Ejecutivo en funciones y obvia que dicho Gobierno ya no cuenta con la mayoría absoluta que le ha servido durante cuatro años para ejercer con una prepotencia antidemocrática e ignorante de la legalidad estatutaria que determina el alcance del autogobierno vasco. De hecho, ni esos recursos ni la invasión competencial denunciada ayer por el Gobierno Vasco por el decreto del Gobierno Rajoy que prorroga el Programa de Activación de Empleo, ignorando la transferencia a Euskadi en 2010 de las competencias activas de empleo, son sino la reiteración de ese empecinamiento recentralizador que se ha ensañado con las leyes aprobadas por el Parlamento Vasco -ley de vivienda, ley de empleo público, ley de adicciones, ley del fracking, becas educativas...- y ha obligado al Gobierno Vasco a presentar casi una treintena de recursos de inconstitucionalidad ante normativa básica aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy que ignora el alcance de las competencias exclusivas de Euskadi estipuladas en el Estatuto de Gernika. Pero siendo todo esto reflejo de una absoluta ausencia de respeto, no ya al autogobierno vasco, sino a la propia legalidad constitucional, debe llamar a la reflexión que el Gobierno de Rajoy ni hace ni deja hacer, toda vez que su actividad es tan frenéticamente recurrente -y nunca mejor empleado el calificativo- en la restricción de las capacidades de actuación de las instituciones vascas como inoperante en las que por el contrario, dentro de su situación de en funciones, sí competen a su Gobierno, pero que supondrían bien incidir en políticas de austeridad que no le convienen en este alargado periodo electoral o bien modificar las que ha puesto en práctica durante su mandato, otorgando razón y fundamento de crítica a quienes cuestionan una trayectoria, la de Rajoy y su Gobierno, trufada de ideología ajena a la realidad social y política del Estado español y, por supuesto, de Euskadi.