La llegada ayer al Estado español de un primer contingente de 20 refugiados sirios procedentes de Grecia, la previsión de que hoy lo hagan otros 32 desde Italia, que en junio hayan llegado 150 o que el programa de reasentamiento comunitario sume después otros 386 que se hallan en Líbano y Turquía es indicio de que las políticas europeas de asilo empiezan a llevarse a la práctica siquiera con enorme retraso. Sin embargo, es también constatación de que difícilmente harán frente a la enorme crisis humana que se centra en (pero no es exclusiva de) Siria e Irak. Los números cantan: coincidiendo con la llegada de ese primer contingente al Estado, ayer la Policía griega desmanteló el campamento de Idomeni, donde se hacinaban más de ocho mil refugiados cuyo destino se adivina en Turquía... o más allá; en julio, casi diez meses después de que la Unión Europea acordara en setiembre redistribuir en dos años a 160.000 refugiados del millón que había llegado a suelo europeo, apenas se habrá reubicado a 1.500; de los más de 22.000 que se había decidido reasentar procedentes de países vecinos de Siria (Líbano y Turquía), se habrán recibido menos de seis mil; y de los más de 2.700.000 refugiados que malviven en Turquía, el acuerdo entre Bruselas y Ankara finalmente incluirá, como mucho, la llegada a Europa de ochenta mil. Las cifras son ridículas comparadas con el contingente de más de cinco millones de refugiados sirios (el 26% de la población de aquel país antes de la guerra) o los 14 millones de desplazados por el conflicto sirio-iraquí. Son ridículas también si comparamos los 6.000 millones de euros que la UE entregará a Turquía en cumplimiento del acuerdo para que frene la llegada de refugiados a suelo europeo con los 860 millones que la ONU necesita y no logra reunir para afrontar este año la crisis de refugiados solo dentro de Irak, donde Acnur calcula el número de desplazados internos en 3,4 millones que la ofensiva contra el Estado Islámico podría elevar hasta seis millones. La UE, en definitiva, habrá empezado a poner en práctica sus políticas de asilo, pero sigue sin cumplimentar el requerimiento que el Parlamento Europeo realizó ya en diciembre de 2014 de procedimientos fiables y equitativos, eficaces y basados en el principio de no devolución y de mantenimiento de los niveles de calidad de la acogida y de distribución de refugiados entre los estados miembros.
