La filtración de las declaraciones de David Marjaliza, presunto cerebro de la conocida como Trama Púnica, ante el juez Eloy Velasco, encargado de investigar a más de medio centenar de detenidos a los que se acusa de amañar adjudicaciones en servicios públicos por valor de 250 millones de euros en municipios de la Comunidad de Madrid, desvelan hasta qué punto y con qué extensión la corrupción ha venido infectando las estructuras de un Partido Popular en el que se reiteran formas de actuar delictivas y/o éticamente deplorables. De hecho la Trama Púnica, cuyo principal imputado y hoy en prisión es Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid durante siete años (2004-2011), además de senador, consejero del Gobierno madrileño o alcalde de Valdemoro, es una reiteración de actitudes ya conocidas en la trama valenciana, que tiene más de 130 imputados y amenaza a la senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; o en la de Gürtel, que salpica a la mayor parte de los líderes del partido, incluido el propio presidente del PP, Mariano Rajoy. Basta un dato para comprender el alcance de esa infección en el seno el PP: 12 de los 15 componentes del Gobierno Aznar en 2002 han sido imputados, detenidos o acusados de recibir sobresueldos ilegales. En el caso de la Trama Púnica, basta también con repasar los municipios en los que llegó a actuar: Parla, Valdemoro, Collado Villalba, Móstoles, Alcorcón, Torrejón de Velasco... sin olvidar su ramificación a la Diputación de León. Ahora bien, que en la mayor parte de esas tramas y casos -se han producido cerca de sesenta investigaciones distintas a políticos del PP en diferentes instituciones públicas- se haya desarrollado un modus operandi similar con el que los políticos y cargos públicos de ese partido han utilizado su posición y las adjudicaciones de servicios, contratos o la recalificación de terrenos para obtener beneficios económicos que mezclan el interés particular con el pago de gastos -electorales, de sedes o de funcionamiento- del PP, lleva a sospechar que lo primero es consecuencia de lo segundo. Es decir, que la fase del enriquecimiento personal surge a raíz de la impunidad con que el entramado de financiación de actividades había venido funcionando durante años hasta causar una infección general en todos los niveles y escalas del Partido Popular, al que solo la separación del poder podrá regenerar.
