Negligencia grave. Es la consideración que hace el Tribunal de Cuentas en su sentencia sobre el denominado caso San Antonio, condenando al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial del PP, Javier Maroto, junto al resto del equipo de gobierno municipal entre 2003 y 2007, a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de las oficinas de la calle San Antonio que, entiende el tribunal, incluyó en el contrato cláusulas “lesivas para el patrimonio”. Este es el penúltimo capítulo de una polémica también política, nacida de un elevado coste económico para las arcas municipales, que Gasteiz lleva arrastrando desde que en 2007, poco antes de abandonar la Alcaldía, Alonso firmara dicho contrato. Es el penúltimo capítulo porque el PP anunció ayer su intención de recurrir el fallo al considerar que “no queda acreditada la responsabilidad contable”. Llegados a este punto, con el caso sin recorrido judicial, la condena conocida ayer viene a certificar el “perjuicio” que el contrato ha supuesto para las arcas municipales, un asunto no menor teniendo en cuenta los problemas financieros que arrastra el Ayuntamiento gasteiztarra y que, sin ir más lejos, están quedando de manifiesto desde hace semanas en el complejo debate de revisión de tributos municipales que lleva a cabo la ponencia de fiscalidad del Consistorio. Pero, al margen de este aspecto nuclear, tampoco es nada desdeñable el desgaste que este asunto supone para dos de las figuras más destacadas, no ya del PP alavés o vasco, sino del PP en el Estado. Javier Maroto, como uno de los rostros protagonistas de esa renovación de dirigentes que intentó Mariano Rajoy tras el 20-D; y Alonso, como ministro en funciones y presidente del PP vasco llamado, a priori, a liderar la candidatura a lehendakari en las elecciones autonómicas de otoño. Todo ello, en vísperas de una nueva cita con las urnas el 26 de junio. La prueba del golpe político que esta sentencia del Tribunal de Cuentas supone para los populares es la dura respuesta que ayer dieron vía comunicado, no ya insistiendo en que este fallo no supone “responsabilidad penal alguna” y que no dictamina “ningún delito de corrupción”, sino apuntando por elevación a la firmante de la sentencia “designada en este caso directamente por el PSOE a propuesta de IU”.