El protocolo de colaboración entre los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Foral de Navarra (CFN) que firmarán próximamente Iñigo Urkullu y Uxue Barkos y que contempla el trabajo conjunto en dieciocho materias -de una amplia diversidad que va, por ejemplo, de los servicios sociales al turismo, de juventud y deporte a la administración electrónica, o de paz y convivencia a comunicación y transportes...- supone desarrollar modelos de mejora en la colaboración entre ambas administraciones, aunar sinergias en ámbitos de interés común y, en definitiva, establecer vínculos entre dos comunidades de innegable afinidad histórica, social, cultural y económica. Es decir, supone dar cauce administrativo a la relación permanente entre Nafarroa y la CAV, tan evidente en todos los ámbitos que hacía irracional el lastre que ha venido soportando durante tanto tiempo por la mal entendida defensa de la especificidad navarra que habían esgrimido por puro interés político los gobiernos de la Comunidad Foral liderados por UPN con el único objetivo de separar a ambas sociedades. Un lastre que en la práctica no había sido siquiera aligerado por el acuerdo que suscribieron en julio de 2009 los gobiernos entonces de Yolanda Barcina y Patxi López, circunscrito al TAV, el euskera y las emisiones de ETB pero inoperante, lo que viene ahora a corregirse ampliando aquel convenio con el abanico de colaboraciones que plantea el protocolo aprobado ayer y hoy por los gobiernos vasco y navarro. Si aquellas resistencias pretendían situar a la CFN de espaldas a la CAV y por tanto a su propia realidad e historia, este protocolo busca rectificar aquel error y, desde un plano de respeto e igualdad, que ambas comunidades caminen de nuevo hombro con hombro. No en vano, dada su amplitud, el acuerdo que suscribirán próximamente Uxue Barkos e Iñigo Urkullu es sobre todo una herramienta que, apoyada en las características comunes que otorga la consanguinidad histórica y social de sus respectivas sociedades, permitirá a los dos gobiernos satisfacer mejor los intereses de los ciudadanos con una mayor racionalidad en la gestión y prestación de los servicios, mejorando estos mediante la colaboración en el empleo de los recursos de que ambos disponen.
