La notificación el pasado jueves por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a los sindicatos de la compañía de la no reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, finiquitaría en principio la prolongada polémica, social y política, abierta a raíz de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera en 2009 un más que discutido informe que recomendaba la prórroga de la actividad de la central por diez años, más allá de los 40 de vida estipulados inicialmente y que se cumplirían en 2011. Casi siete años después, completados los dos que le restaban en funcionamiento y dos más de prórroga hasta 2013 -concedidos por el Gobierno de Zapatero, quien incumplía así su programa electoral- y cuando Garoña lleva ya tres años parada, las razones esgrimidas por Galán, de índole económica al no considerar viable la planta, confirmarían el fin de la producción eléctrica con origen nuclear en Garoña (aproximadamente el 1% de la producción total en el Estado) a expensas de que el consejo de administración de Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, ratifique oficialmente la decisión, que también se fundamenta en la obsolescencia de la central, la más antigua de Europa y especialmente discutida en el aspecto de la seguridad tras el accidente en la prácticamente idéntica de Fukushima. Sin embargo, el fin de la producción energética de origen nuclear en Garoña no significa el fin de la actividad en la planta. De hecho, la apresurada concesión a final del pasado año por el Gobierno Rajoy de los permisos para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado de residuos nucleares y las reformas en las instalaciones confirmadas entonces por Nuclenor, así como los problemas para que el CSN ignore los dictámenes contrarios de los informes sobre la geotecnia y la hidrogeología del emplazamiento elegido en Villar de Cañas (Castilla-La Mancha) para el Almacén Nuclear Centralizado (ATC) parecen apuntar a Garoña como alternativa inmediata. No en vano, además de los residuos de su propio desmantelamiento, alguna instalación en el Estado deberá recibir los residuos del desmantelamiento de Vandellós I, que se depositaron temporalmente en Francia y deben volver en 2017, y posteriormente los de los cierres programados en los próximos 9 años de las centrales de Almaraz 1 (2021), Ascó I y Almaraz II (2023), Cofrentes (2024) y Ascó II (2025).