la sentencia emitida la pasada semana por una magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Madrid anulando las cláusulas suelo fijadas por 40 bancos y cajas en las hipotecas suscritas por sus clientes debido a la “falta de transparencia” y a que son “abusivas” supone un nuevo varapalo al modelo hipotecario del Estado español, ya cuestionado antes por el propio Tribunal Supremo y por los tribunales de justicia de la Unión Europea. La sentencia, que es recurrible, impulsada por Adicae afecta a la demanda colectiva de 15.000 clientes y puede poner fin a las denominadas cláusulas suelo, un subterfugio en los contratos que impide a los deudores aprovechar la bajada del euríbor (es decir, de los intereses que pagan por el préstamo), estableciendo un mínimo a pagar en la letra de la hipoteca por mucho que bajen los tipos de interés. En este sentido, Adicae anunció también que animará a reclamar a las personas que hayan sido desahuciadas por impagos de hipotecas que contenían este tipo de cláusulas abusivas. Se trata de una nueva advertencia judicial -ya ha habido otras en este mismo sentido y sobre otros productos financieros oscurantistas y abusivos como las preferentes o determinadas ejecuciones de desahucio- respecto a actividades bancarias que han excedido los límites de una buena práctica profesional. Ahora bien, habiendo sentado la juez la responsabilidad de las entidades financieras, es preciso resaltar asimismo la que compete a las herramientas públicas que deben regular y controlar la actividad bancaria, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores al Banco de España y los sucesivos gobiernos de PP y PSOE. En este caso, al haber permitido la comercialización generalista por los bancos de productos que no reunían las características exigibles para su venta al público. Y, tanto o más grave aún, por no haber legislado de manera suficiente para impedir dichas prácticas o, en su defecto, por eludir su deber de velar por el cumplimiento de la legislación. Un duro tirón de orejas a las andanzas de un sector financiero español cuyo rescate tras la crisis abierta en 2008 ha costado decenas de miles de millones de euros -el rescate público de Bankia sumó casi el doble de los 22.000 millones previstos inicialmente- sin que el Estado haya recuperado, ni seguramente recupere, la mayor parte de ese dinero procedente de los recursos públicos de todos los ciudadanos.