EL número de ejecuciones en aplicación de la pena de muerte legal en todo el mundo aumentó de forma alarmante en 2015 al alcanzar la cifra más elevada registrada por esta organización de defensa de los derechos humanos en más de 25 años, según la denuncia de Amnistía Internacional. Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, lo que supuso un aumento de más del 50% con respecto al año anterior y la cifra más alta registrada por la organización proderechos humanos desde 1989, y eso según los datos oficiales aunque el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2015 no incluye los miles que se llevaron a cabo en China y que este país mantiene en secreto. Tampoco las ejecuciones judiciales en Siria y Egipto ni las de Corea del Norte, cuyas cifras también se desconocen. Han sido tres países -Arabia Saudí, Irán y Pakistán? los responsables de casi el 90% de todas las ejecuciones registradas. Desde que en 2007 la Asamblea General de la ONU adoptase una resolución impulsada por la UE en la que se instaba a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte, por primera vez, la mayoría de los países eran abolicionistas para todos los delitos en 2015, después de que cuatro naciones más suprimieran la pena capital. EEUU es el único país de América y el único miembro del G-8 que ejecuta a presos. AI afirma que la pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en uso del privilegio que le concede el monopolio legal de la violencia, y en nombre de una supuesta justicia. Es un castigo cruel y degradante. Es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra los económicamente desfavorecidos, minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas, y muchas veces se aplica a menores o discapacitados. Sin olvidar que ha sido y sigue siendo un instrumento de represión política o sexual, muchas veces con condenas obtenidas mediante torturas, engaños y compra de testigos, sin garantías judiciales ni posibilidad de defensa. Y es inevitable que se cobre víctimas inocentes: mientras la justicia humana sea falible, no se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a un inocente. El universo de estos homicidios legales se expande en un mapa de la infamia. Su abolición sigue siendo un fin humanista y democrático prioritario.