La Comisión de Interior del Congreso aprobó ayer una proposición no de ley que insta al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y a anular las devoluciones en caliente de inmigrantes. La Comisión de Justicia hizo lo propio con una iniciativa similar sobre la prisión permanente revisable. Y el Pleno del Congreso apoyó admitir a trámite una proposición de ley para frenar la implantación de la Lomce. Es decir, en un solo día, el Parlamento votó contra tres de las leyes más significativas y contestadas de la mayoría absoluta del PP durante la pasada legislatura. Sin embargo, todas estas iniciativas carecerán de eficacia práctica aun cuando en el caso de la Lomce y de la Ley Mordaza todos los grupos de la oposición ya firmaran en su momento (en julio de 2013 respecto a la ley de Educación y en diciembre de 2014 sobre la de Seguridad) un acuerdo para derogarlas en cuanto gozaran de mayoría suficiente en la Cámara. No es sino otra de las consecuencias -no la menos relevante, por cierto- de que los grupos políticos que han pretendido representar la oposición a las políticas del PP sean, por intereses particulares o electorales, incapaces de articular una alternativa de gobierno al que, presidido por Mariano Rajoy, sigue en funciones 108 días después de las elecciones del 20 de diciembre. Porque el único pacto al que se ha llegado desde entonces, el del PSOE con Ciudadanos, únicamente ha servido en algún caso para relativizar la original rotundidad socialista contra la actividad legislativa del PP en la literalidad de las iniciativas, como es el caso de la proposición de ley contra la Lomce. En todos los casos, además, con el agravante de que los cambios que deberían en todo caso derivarse de su aprobación -por ejemplo, de la anulación de ley de la Educación- seguirán pendientes de que la mayoría alternativa al PP que muestra hoy el Congreso se mantenga, con lo que se acrecienta la inestabilidad del sistema educativo pero, sobre todo, se abre la puerta a la prolongación en el tiempo de las reformas recentralizadoras y derechizantes puestas en pie por el Partido Popular durante los últimos cuatro años. Y esa es otra de las responsabilidades -tampoco la menos relevante- de las que el PSOE y Podemos deberían responder ante esa mayoría de votantes de izquierda que esgrimen de cara a una previsible, cada vez más probable, repetición electoral.