La filtración de 11,5 millones de documentos sobre 200.000 sociedades offshore conectadas a más de 200 países, extraídos de los archivos de Mossack&Fonseca, una de las cinco primeras firmas mundiales en creación de ese tipo de compañías, con oficinas en 27 países y ligada con escándalos financieros anteriores, el último el de Petrobras en Brasil; sirve para comprender la dimensión del fraude con que personas de todo tipo y condición pero con el común denominador de un altísimo nivel de ingresos evitan las responsabilidades fiscales que se exigen al ciudadano medio. De hecho, se estima en casi 8 billones de dólares -más de cinco veces el PIB del Estado español- el dinero oculto en paraísos fiscales y en 190.000 millones anuales lo que los distintos países no ingresan por este motivo en impuestos. Así pues, la mera creación de ese tipo de sociedades, aún no siendo ilegal -sean estas operativas o no en este momento-, denota una intención original de elusión fiscal o, cuando menos, de previsión de aprovechamiento de bajas fiscalidades a las que la mayoría de la sociedad no tiene acceso. Lo que es preciso corregir. No en vano, se realiza porque la jurisdicción del paraíso fiscal en cuestión, en este caso Panamá (lo es para la OCDE y la Comisión Europea aunque España no lo considere tal en virtud de un convenio firmado en 2011), adopta la confidencialidad en documentos, registros y cuentas que ofrece la oportunidad de transferir fondos y ocultar información al fisco, también en terceros países. Por tanto, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anuncie una investigación para determinar si los citados en los papeles de Panamá (Pilar de Borbón, Messi, Almodóvar, la mujer de Arias Cañete, la Real Sociedad... entre muchos, incluidos 72 jefes y exjefes de Estado) se encuentran o no entre los contribuyentes que declararon patrimonio en Panamá -1.139 millones de euros el pasado año- o que lo haga el Ministerio de Hacienda se antoja tan innecesario como inútil. Es la intención y la oportunidad la que se debe combatir. Porque aún si los datos entrecruzados confirman el delito fiscal que se adivina y se requiere la confirmación de las titularidades, es improbable que Panamá se avenga a hacerlo. Apelará, por el contrario, como Suiza en el caso de la Lista Falciani, a la ilegalidad de la obtención de la prueba que sustenta el requerimiento de información.
