La confirmación por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, del déficit público del Estado español en el pasado ejercicio 2015 no es sino la evidencia de las erróneas previsiones del Gobierno Rajoy y la confirmación de que este basó sus cuentas públicas en un cuadro macroeconómico irreal que buscaba dibujar una nada veraz imagen de efectividad en la gestión con el único fin de respaldar sus aspiraciones electorales. Más claramente, que cuando Rajoy anunció una previsión del déficit del 4,2% en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sabía que ese descenso del déficit de 1,5 puntos desde el 5,7% de 2014 era inalcanzable; que cuando en octubre, antes de las elecciones generales, corrigió esa cifra y presentó a la Comisión Europea una previsión dos décimas por encima de aquella (4,4%), era ya consciente de la falsedad de la misma; y que incluso cuando el pasado 11 de febrero Rajoy estimó el cierre del déficit en el 4,5% no hacía sino reincidir en la mentira, por cuanto la propia CE ya hablaba del 4,8% y las estimaciones más ajustadas ya lo situaban por encima del 5% confirmado ayer (5,16%), es decir, 56.608 millones de euros. Pero esa utilización falsaria de los datos económicos tiene además un agravante por cuanto, realizada desde la consciencia del interés electoral, implica una utilización partidaria del presupuesto público que, si bien puede considerarse que afecta a todos los gobiernos, es mucho más lamentable en situaciones de crisis en las que se ha venido sometiendo a la ciudadanía a un esfuerzo generalizado. Y la prueba de esto último está en el aumento del 5,2% de la recaudación por impuestos, hasta los 242.265 millones. Que ahora el Gobierno Rajoy, por boca de Montoro, pretenda culpar a las CCAA -por cierto, Euskadi es una de las únicas tres, junto a Galicia y Canarias, que ha cumplido con el objetivo del déficit al situarlo en el 0,69%-, al sistema de financiación y al crecimiento del gasto autonómico cuando él mismo contempló en los PGE aumentos, por ejemplo, del 4,3% en cultura, del 31,9% en infraestructuras, del 11,7% en agricultura y pesca con pretensiones electorales, únicamente trata de relajar su responsabilidad en las consecuencias -de las que la CE ya advierte en forma de nuevos ajustes- que su gestión tendrá en las políticas a adoptar por próximos gobiernos y, más importante, en los niveles de bienestar de los ciudadanos.
