La declaración de Diego Torres, vicepresidente del Instituto Nóos, socio de Iñaki Urdangarin y principal inculpado junto a este en el juicio que se sigue en la Audiencia de Palma contra ambos y otros 15 acusados -entre ellos la hermana de Felipe VI, Cristina de Borbón- por delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales implica a la médula del Estado español en el entramado de enriquecimiento ilícito a través de contrataciones públicas que beneficiaba a la entonces infanta real y a su marido. Sin ocultar que la difícil defensa de Torres frente a unas acusaciones por las que le solicitan entre 16,5 y 22,5 años de prisión le planta ante la tesitura de extenderlas a todos los ámbitos relacionados con el caso, no cabe ignorar que dichas relaciones han existido y que lo declarado por Torres responde a una lógica que supera el hecho judicial. No es de extrañar, por tanto, que con Urdangarin, Cristina de Borbón y el secretario de las infantas, García Revenga, implicados en la dirección y organización de las labores contratadas al Instituto Nóos, la Casa Real y la Jefatura del Estado y el Gobierno estuvieran al corriente y ejercieran tareas de supervisión, que Torres asigna directamente al abogado del entonces rey Juan Carlos I, José Manuel Romero, y a la propia Hacienda estatal, que ya supervisaba otras operaciones financieras de la familia real. Ni que una de las personas de mayor confianza del monarca emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, participara en labores de asesoramiento que el propio rey y el jefe de la Casa Real conocían. Aún menos que las contrataciones de eventos con el Instituto Nóos se realizaran en las comunidades autónomas que, gobernadas por el PP, han sido centro de la corrupción que sigue salpicando a este partido: Baleares, Valencia y Madrid. Ni que se hicieran con responsables institucionales directos del más alto nivel, caso del presidente balear Matas o del responsable de Relaciones Institucionales del Gobierno valenciano, luego miembro de la ejecutiva del PP y eurodiputado, Esteban González Pons. La declaración de Torres, en suma y sea cual sea su motivación última, no hace sino relatar ante el juez un modus operandi tan execrable como al parecer habitual durante decenios entre quienes han formado parte del entramado de poder en el Estado español.
