La propuesta de EAJ/PNV para que Euskadi asuma la gestión de la Seguridad Social, con un sistema propio de carácter mixto, actualiza una reclamación que su Gobierno y Parlamento realizan desde hace 38 años respecto al cumplimiento del art. 18.2.b del Estatuto de Gernika, por el que le corresponde la gestión del régimen económico de la Seguridad Social; de la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto, que determina el procedimiento en Comisión Mixta para su asunción; y del art. 149.1.17 de la Constitución, que lo contempla. Es decir, se reclama el cumplimiento de la ley, previo y prioritario a la viabilidad económica de un sistema que, en todo caso, debería conformarse para asegurarla. Cierto es que el Tribunal Constitucional reinterpretó en su día esa legalidad, añadiéndole el concepto de “caja única”, pero no lo es menos que dicho concepto no aparece en la Constitución y que esa reinterpretación mezcla y confunde el carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social -que su gestión por Euskadi no pone en duda- con el principio de solidaridad, este sí contemplado en la Carta Magna. Y es seguramente por esa base legal que posee la reclamación de la gestión de la Seguridad Social que se ha venido cuestionando desde el Estado su viabilidad económica. En ese sentido, el cumplimiento de la ley no obvia que para dentro de 25 años habrá en Euskadi, pero también en el Estado, en torno a 6 jubilados por cada 10 trabajadores, que se duplicará el número de pensionistas hasta los 17.000 por cada cien mil habitantes o que el gasto en pensiones rondará el 14% del PIB. Pero tampoco que la evolución de la diferencia entre cotizaciones sociales y prestaciones contributivas es voluble e inversamente proporcional a la fortaleza de la economía, causando superávit de las primeras en tiempos de bonanza (2005-2009) y déficit en época de crisis (2012-2015), condicionado en este caso por la reducción de las cotizaciones de menores salarios y contratos precarios y el peso de las prestaciones por desempleo. Es decir, la viabilidad -se calcula al sistema estatal un déficit de 11.000 millones- no debería contemplarse como parámetro esencial en una asunción de la gestión de la Seguridad Social salvo porque la base salarial sobre la que esta se apoya es más estable en Euskadi que en el Estado debido a la mayor fortaleza económica y la mayor especialización de los empleos.