sin llegar a deducir que existe una relación directa entre las decenas de incendios que vienen desatándose en los últimos días por la cornisa cantábrica -especialmente en Asturias y Cantabria, pero también en Galicia y Euskadi- y la reciente reforma de la Ley de Montes aprobada en julio por el Gobierno de Mariano Rajoy, no es descabellado considerar la reforma que eliminaba la moratoria de 30 años para la recalificación de terrenos afectados por las llamas como un factor más entre los que habrían contribuido al incremento de los siniestros que se ha experimentado durante 2015, y muy especialmente en la segunda mitad de este año. Es cierto que las altas temperaturas -del todo inhabituales en estos meses- y la sequedad del terreno por las escasas lluvias contribuyen a la extensión de los fuegos, pero no lo es menos que pese a la dificultad para discernir si un incendio ha sido provocado no, las estadísticas concluyen que un 55% son intencionados y sólo un 23% tienen origen en una negligencia o un accidente. Por ello, la reforma legal acometida por el Gobierno del PP que eliminaba la protección urbanística de terrenos incendiados, al tiempo que mermaba las atribuciones de los agentes forestales -unido al recorte de medios- en la persecución de quienes originan los incendios, no puede paliarse con un pretendido endurecimiento del Código Penal. La reforma penal apenas contribuirá a aumentar las 827 condenas por provocar incendios dictadas por la justicia desde el año 2000, periodo en el que se han producido 225.000 incendios forestales con 1,5 millones de hectáreas -una de cada 18- calcinadas en todo el Estado. De hecho, las mismas estadísticas ponen en cuestión la conveniencia de la reforma, ya que a partir de la modificación legal se ha producido el primer repunte en el número de incendios y de superficie quemada desde que se aprobó la ley 2006, año en el que se produjo un relevante descenso -de hasta un 24%- en el número de siniestros. Y en todo caso, en el Estado de la Unión Europea con las estadíasticas de incedios más altas, lo que se antoja necesario es la planificación y el diálogo entre ganaderos, agricultores, propietarios y responsables de la ordenación del territorio y, sobre todo, la educación y los medios precisos para la preservación del medio ambiente.