El acuerdo formal entre el Gobierno colombiano de José Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sobre las víctimas del enfrentamiento armado que mantienen durante más de medio siglo supera el principal escollo que restaba a las negociaciones que ambas partes desarrollan en La Habana desde setiembre de 2012, tras haberse iniciado meses antes en Oslo. El acuerdo sobre la jurisdicción especial para la reparación, verdad y garantías de no repetición alcanzado esta semana entre Humberto de la Calle, jefe del equipo gubernamental en el proceso de paz, y el representante de las FARC Iván Márquez -con presencia oficial de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela como garantes y de una representación de 10 víctimas del conflicto- se viene negociando desde setiembre del pasado año. Esta rúbrica, en la que han participado hasta cinco delegaciones diferentes de víctimas, pone ahora colofón a la concreción de los acuerdos del proceso de paz y abre de facto el principio del fin del conflicto armado. Queda pendiente, eso sí, la fase de implementación de los acuerdos -sobre desarrollo agrario, participación política, jurisdicción para la paz y reparación a las víctimas- a partir del próximo mes de enero. Pero, en todo caso, este último acuerdo sobre las víctimas confirma que incluso el conflicto más enconado puede -y debe- superarse a través del diálogo y la negociación. No en vano, Gobierno colombiano y guerrilla están a punto de poner fin a una guerra que se ha mantenido durante más de 55 años con intensidades diversas y que ha provocado nada menos que 220.000 muertes y causado hasta seis millones de víctimas de toda índole entre desaparecidos, amenazados, secuestrados, heridos o torturados, lo que supone que al menos uno de cada ocho de los más de 48 millones de colombianos ha sufrido directamente las consecuencias. En ese sentido, y a pesar de la tremenda penetración social que han tenido los efectos de la violencia, la sociedad colombiana ha dado muestras de una enorme serenidad al apoyar el proceso -también en las citas electorales-, lo que ha fundamentado la responsabilidad con que el Gobierno de Santos ha afrontado las siempre intrincadas negociaciones con las FARC en una doble lección que debería servir de referencia para cerrar definitivamente otros conflictos violentos.