Tras casi cuatro décadas en las que la Constitución española ha estado considerada como un elemento cuasisagrado, prácticamente intocable y que ha sido utilizado como un muro contra el que chocaban determinadas reivindicaciones democráticas, por fin varios partidos han asumido la necesidad de una reforma más o menos profunda del texto que fue aprobado hace ya 37 años. Siendo esto así, parecería lógico que el debate leal y democrático sobre esta cuestión estuviera abierto no solo en las formaciones políticas, sino en toda la sociedad. Lamentablemente, no es así. Y ello pese a que este aniversario de la Constitución tiene lugar a quince días de unas elecciones generales, esto es, en plena campaña, tiempo en el que supuestamente los candidatos presentan sus propuestas a los ciudadanos, las difunden, las contrastan y las debaten. Sobre todo si el 20-D se presenta como una cita crucial para sentar las bases de una regeneración ética y democrática que afiance las libertades y los derechos civiles, políticos y sociales. Es cierto que, salvo el PP, los partidos que aspiran a ganar los comicios y/o ser determinantes en el futuro político llevan en sus programas electorales la reforma constitucional. Se trata, sin embargo, de propuestas demasiado etéreas, inconcretas y difusas que, además, hurtan de manera deliberada algunos asuntos clave para la convivencia. Muchas de estas iniciativas son, asimismo, claramente regresivas y están dirigidas a una artificial uniformización y a una indisimulada recentralización. Ahí están, claramente expuestas, las propuestas de eliminar el Concierto Económico vasco y los derechos históricos, derogar la disposición adicional sobre una eventual unión entre la CAV y Nafarroa y despojar a las comunidades autónomas de determinadas competencias, como sanidad o educación. De ahí la necesidad de que Euskadi cuente con representantes en Madrid que defiendan los intereses de los ciudadanos vascos y que puedan ser determinantes a la hora de una eventual reforma. La experiencia dicta que hay que recelar de estos cambios, que podrían ser demoledores para el autogobierno. Parece que el Estado español no ha entendido aún que la situación actual en Catalunya es hija, también, de las carencias de la Constitución del 78 y que puede ser extensible a Euskadi, lo que evidencia el agotamiento del modelo.
