El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han dado esta semana en La Habana un paso crucial en la consolidación de las negociaciones que se iniciaron hace casi tres años para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 220.000 muertes en los últimos 60 años. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunciaron en presencia del mandatario anfitrión, Raúl Castro, un acuerdo sobre la justicia transicional y se dieron seis meses para firmar el acuerdo de paz definitivo. En estos tres años de contactos oficiales en Cuba, la agenda de las negociaciones de paz ha estado compuesta de cinco puntos, tres de los cuales -desarrollo agrario, participación política y narcotráfico- formaban desde hace tiempo el bloque inicial de los acuerdos. Pero los grandes asuntos pendientes eran la desmovilización de la guerrilla y el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del conflicto. Ha sido ahora cuando se ha hecho público un acuerdo que garantiza que no habrá impunidad. Un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgará a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia. En todo caso, pese al clima de satisfacción expresado por ambas partes en La Habana, al amplio respaldo social y político en Colombia y al aval internacional -la UE y EEUU incluidos-, esta parte final del proceso no será fácil, ya que el diálogo de Santos y las FARC tiene aún importantes adversarios en los sectores más ultraderechistas del Ejército y la oligarquía colombiana, con el expresidente Uribe a la cabeza, al que le acosa la justicia por sus conexiones con los paramilitares y la corrupción. En Colombia hay un importante movimiento social que propugna una reforma del modelo socioeconómico que posibilite un reparto de la riqueza y un equilibrio social en ámbitos como las tierras, recursos naturales, democracia, educación, salud, seguridad social, etc. Asuntos a los que se resisten importantes sectores conservadores para los que el asesinato de miles de opositores e intelectuales progresistas y de izquierda, en muchos casos en connivencia con el narcotráfico y la delincuencia común, han sido el método de bloquear los avances democráticos de la sociedad colombiana. Es de esperar que estas bases de acuerdo sean la garantía de que no se repetirá el conflicto.