no se esperaban ayer grandes sorpresas en el pleno de política general que el Parlamento de Vitoria celebra cada año, más allá del balance de gestión del lehendakari. Iñigo Urkullu dedicó casi dos tercios de su discurso a describir la situación socioeconómica del país y los efectos que han podido tener los 4.300 millones de euros movilizados por su Gobierno para activar el empleo y la actividad de las pymes. Los atisbos de recuperación, aunque sin estridencias -“una crisis que aún no hemos superado”, quiso precisar-, le permitieron sin embargo al jefe del Ejecutivo vasco abrir una ventana alentadora. En el capítulo dedicado al proceso de paz y reconciliación, anunció una ley vasca de reconocimiento de las víctimas como colofón a la ardua labor desarrollada hasta ahora por su Secretaría de Convivencia, pero puso la pelota de los próximos pasos en el tejado de la izquierda abertzale, a la que advirtió que la disolución de ETA es un clamor social, que el reconocimiento del daño causado sigue estando entre las asignaturas pendientes y que debe levantar el veto a la reinserción penitenciaria para abrir ventanas a los presos. Fue el tercer y último apartado de su discurso -dedicado al pretendido nuevo estatus autogobierno- en el que Urkullu guardaba su carta más novedosa con el planteamiento de la nación foral. Un término que despertó cierta expectación, aunque recupera la vía pactista de los derechos históricos a la que dan cobertura tanto el Estatuto de Gernika como la propia Constitución española y que ya ha sido sugerida por juristas de diferente signo ideológico en otros momentos de la historia reciente de Euskadi. El lehendakari reivindica así la actualización de la singularidad vasca por la vía foral -lanzando además un guiño a la vecina Navarra-, marca distancia con el independentismo unilaterial de proceso catalán o con el rupturismo con el que le presiona Bildu y abre una ventana posibilista -anclada en el marco legal- para la superación de un marco de autogobierno que reconoció en estado “de degradación” por la acción del Gobierno del PP. Esta sugerente ventana exige, sin embargo, tejer un acuerdo interno en Euskadi más allá del PNV y que en la negociación con el Estado haya alguien al otro lado del teléfono con voluntad política y audacia suficiente para encarar este reto. Urkullu tiene un año para despejar ambas incógnitas.